Ocurrió en un momento político muy concreto, previo a la esperada sentencia del Tribunal Supremo sobre el «procés», en un contexto en el que al Estado le interesaba poner en primer plano la existencia –si no fuera real, al menos sí hipotética– de riesgo de acción violenta por parte del independentismo catalán. El 23 de setiembre, nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) eran detenidos por la Guardia Civil y siete de ellos acababan en prisión, mediante una acusación de «terrorismo» basada en el supuesto hallazgo de explosivos que no se concretaban y en el supuesto testimonio de algún detenido al que no se permitió abogado de confianza.

Horas después de los arrestos, los explosivos de que hablaban los primeros teletipos pasaban a ser en el atestado del instituto armado «precursores de explosivos», es decir, sustancias que podían servir para fabricar artefactos de lo que en Euskal Herria se llamó «kale borroka».

Tres meses y cuatro días después, ni eso. La Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, en una terna de juicios como una composición más garantista de lo habitual en el tribunal especial y José Ricardo de Prada como ponente, deja claro en el auto de excarcelación de Alexis Codina que las sustancias halladas «no son en sí mismas explosivas».

La Audiencia Nacional ya dejó libres a tres de los siete CDR hace una semana y anunció la liberación de un cuarto (Ferran Jolis) en la mañana del jueves, pero esta decisión sobre Codina tiene una relevancia especial porque la Guardia Civil le señalaba como miembro de lo que llamaba «grupo productor» de explosivos, y de hecho las sustancias fueran incautadas en su casa. 

La Sala Segunda, por contra, ha dictado su excarcelación con fianza de 10.000 euros señalando que las circunstancias de Codina son las mismas que las de los tres previamente liberados a tenor de la «objetiva inexistencia de explosivos». Habrá que ver qué ocurre ahora con los dos otros dos incluidos en ese «núcleo duro», porque Jordi Ros y Germinal Tomás siguen encarcelados.

Termita, «napalm casero», Tytadine

En su atestado, la Guardia Civil apunta al parecer (el sumario está bajo secreto) a que en lo que llama «laboratorio» los detenidos pretendieran fabricar termita, una mezcla pirotécnica a partir de aluminio y óxido metálico que tiene usos civiles como soldar ruedas de ferrocarril. Xavier Pellicer, abogado de la defensa, ha dicho por contra este jueves en Catalunya Radio que «saben desde el principio que no hay explosivos».

Lo ocurrido remite a dos precedentes sonados, uno en la propia Catalunya y otro en Euskal Herria.

En 2003, en un momento en que también se apreciaba clara intencionalidad política porque el Gobierno Aznar necesitaba sustentar su apoyo a la guerra de Irak contra una opinión pública mayoritariamente contraria, en Barcelona o Girona se detuvo hasta a 23 personas acusadas de formar una célula yihadista que manejaba explosivos.

Un informe del Ejército español lanzó la tesis y el FBI lo etiquetó incluso como «napalm casero».Pero cuando el caso llegó a juicio en la nada sospechosa Audiencia Nacional, se confirmó que allí no había más sustancias que detergente o ralladura de coco, por lo que la trama fue rebautizada popularmente como «comando Dixan». Seis personas de nacionalidad argelina resultaron condenadas finalmente por «organización terrorista», pero se descartó la «tenencia de explosivos». Y la sentencia fue tajante: «El informe [del FBI] carece de los requisitos para ser tenido como prueba por un tribunal».

Un año después, el yihadismo sí golpeaba de modo terrible en Madrid, con la matanza del 11M. En este caso, la patraña consistió en una simple intoxicación mediática, sin necesidad de tergiversar en base a sustancias existentes objetivamente. Desde el mediodía de esa mañana de jueves 11 hasta la noche del viernes 12, a través de agencias estatales que citaban a «fuentes antiterroristas» se dio por bueno que el explosivo empleado había sido Tytadine, es decir, el usado frecuentemente por ETA en aquella época.

Hicieron falta 32 horas más (y entre medio el hallazgo de la furgoneta Kangoo empleada por los autores y el desmentido de ETA) para que el ministro del Interior, Angel Acebes, reconociera que lo que había estallado en los trenes era realmente dinamita. La intencionalidad política de fondo volvía a quedar a la vista: Tytadine era la única forma que las cloacas del Estado habían encontrado para tratar de tergiversar la autoría de la masacre.

La Fiscalía sigue viendo «elementos» y «un taller»

Tanto en el «comando Dixan» como en el 11M, la Fiscalía primero y el tribunal después acabaron aceptando la realidad de los hechos. Pero habrá que ver cómo se sitúa ahora el Ministerio Fiscal, que en la noche del jueves quiso aclarar que el tribunal había errado al situar en el auto su posición como favorable a la excarcelación de Codina.

El fiscal Miguel Angel Carballo confirma que no se opone a la liberación de los tres primeros CDR ni a la de Ferran Jolis, autorizada horas antes, pero sigue implicando a Codina, Ros y Tomás en la hipótesis de un «grupo productor» de explosivos.

A Alexis Codina le atribuye en concreto «ser la primera persona que conseguía por sus medios algunos elementos esenciales como el óxido de hierro a través de un diferente a otros investigados». Y da por bueno que la Guardia Civil encontró «un pequeño taller donde se hallaron los medios técnicos que Alexis Codina utilizaba para elaboración de las sustancias explosivas e incendiarias, así como en las estanterías y encimeras las sustancias necesarias para su elaboración».