29/10/2019

Ramón SOLA
Catalunya se asoma a un abismo represivo de tres profundidades

Y de repente, 44 presos. Con la sentencia del Supremo y los encarcelamientos de setiembre y octubre, el independentismo catalán se enfrenta al reto de encarar una represión masiva, para el que Euskal Herria le ofrece muchas referencias, aunque no todas.

Hay nueve presos por «sedición», un tipo nuevo insondable a la espera de cómo encaja en Europa y cómo se materializa el cumplimiento. Siete por «terrorismo», con varios detalles ya archiconocidos en Euskal Herria. Y 28 por «atentado» o «desórdenes», con atestados polémicos y para quienes se piden juicios rápidos.

Los carteles de Alerta Solidària, el colectivo antirrepresivo de la Esquerra Independentista, o la «quedada» para escribir a los presos esta tarde de miércoles en Sants (Barcelona) no hacen distinción alguna. Incluyen a activistas sociales como Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, mandatarios como Oriol Junqueras o Carmen Forcadell, y también militantes de base hasta ahora desconocidos como Xavier Duch, Edu Garzón, Germinal Tomás... y algunos otros que ni siquiera tienen apellido en estos mensajes: Xénia, Pau, Martí, Laura... Les une la cárcel.

Son 44 en total. Los últimos 35, encarcelados desde setiembre a aquí. Y los últimos 28, en las dos semanas que han seguido a la sentencia del Supremo. Una realidad desconocida por su volumen para Catalunya, pero nada extraña para el Estado, acostumbrado a llenar las cárceles de vascos con su arsenal de medidas de excepción.

En este abismo al que se asoma Catalunya hay una primera dimensión insondable por novedosa: es la de los dirigentes políticos castigados con un tipo delictivo insospechado, el de «sedición». La propia denominación suena a decimonónica, pero cuidado con minusvalorarla: los años impuestos por ello a Junqueras, Romeva, Turull, Bassa, Forcadell, Forn y Rull superan los diez con que se ha castigado la pertenencia a ETA en grado de dirigente, por ejemplo en el infame «caso Bateragune» que también castigó a representantes políticos, en este caso en Euskal Herria.

Otra cosa será si esa doctrina se asienta. Juristas de diferentes tendencias y el tribunal alemán de Schleswig-Holstein en el caso de Puigdemont han alertado de que no cabe imputar sedición por una mera movilización popular. Alertan de que ese chicle podría acabar estirándose para castigar cualquier expresión ciudadana, ya sea una concentración ante comisaría, un escrache ante una sede política, la oposición en la calle a un desahucio o a la expulsión de un inmigrante... ¿del «todo es ETA» al todo es sedición?

En paralelo, la condena que ha conllevado en el Estado español resulta absolutamente desproporcionada si se compara con el Estado francés, donde se castiga con un máximo de tres años si no hay violencia, como ha aceptado el Supremo; con el belga, donde se pena con unos meses; y no digamos ya con Alemania, donde el tipo homólogo se abolió en 1970.

El Tribunal Europeo difícilmente entrará en esa cuestión de legislación interna, pero siempre puede declarar injusto el juicio como ha hecho con el de Arnaldo Otegi y sus compañeros, por ejemplo recurriendo a la parcialidad del tribunal (entonces fue Angela Murillo por sus impertinencias y ahora es Manuel Marchena por un motivo que parece aún más sólido: había sido el elegido por el PP para «controlar la Sala Segunda desde detrás» según reveló un tuit de su negociador, Ignacio Cosidó).

En esa dimensión aún insondable entra también cómo se produce realmente el cumplimiento de cárcel. Siguiendo con el paralelismo de Bateragune, marca una diferencia que puede ser trascendente el hecho de que los líderes catalanes estén en Catalunya y por tanto bajo el régimen de la Administración catalana, al menos en la fase inicial. Miquel Iceta (PSC) reveló esta posible rendija al destacar que el Supremo no haya fijado en sentencia que al menos debe cumplirse la mitad de condena para salir en libertad: «Ahí lo dejo, pero aquí hay caminos», consideró. Desde Podemos, Pablo Iglesias insiste en la opción de indulto, aunque Pedro Sánchez la haya descartado y Oriol Junqueras invite a «metérselo donde les quepa». Los abogados de los condenados ven prematuro elucubrar algo al respecto. Y más aún cuando efectivamente la Administración catalana podría por ejemplo conceder terceros grados y sus beneficios en primera instancia, pero también la Fiscalía tendría margen para bloquearlo llevando la cuestión al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, radicado en la Audiencia Nacional. El mismo Juzgado que se muestra muy timorato racaneando progresiones de grado y permisos a los presos vascos que cumplen todas las condiciones para ello.

Un segundo escalón represivo, habrá que ver si finalmente más profundo o no que este primero, es el más conocido y padecido en Euskal Herria. A los siete miembros de los CDR detenidos el 23 de setiembre se les ha encarcelado por concepto de «terrorismo» y en prisiones españolas. De momento están en Soto del Real, el habitual campo-base inicial, en módulos separados y en algunos casos con un régimen de aislamiento traducido en 20 horas al día solos en sus celdas. Las cartas les están llegando con 28 días de retraso, tras ser minuciosamente escrutadas.

El miércoles pasado, al cumplirse el mes de la redada, abogados y familiares ofrecieron en Sabadell varios detalles más que generan un inevitable déjà vu en Euskal Herria. La acusación se ha «construido» sobre la base de un fantasmagórico plan de atentar no consumado (como el de Patxi López, por citar un antecedente vasco de hace pocos años) y se intenta sustentar en el hallazgo de «precursores de explosivos» sobre los que no hay concreciones posteriores. Los asaltos a las viviendas se produjeron de madrugada y con armas, encañonando a los familiares. En los traslados a Madrid se produjeron intentos de interrogatorio ilegal y coacciones utilizando a los familiares; el abogado David Aranda ha revelado que a uno de los detenidos le amenazaron con detener a su hermano enfermo y provocarle un brote sicótico. Los arrestados tienen «lagunas» en esos traslados, que les llevan a pensar que les dieron alguna sustancia extraña. Ya en Tres Cantos, a dos de los siete se les hizo creer que no podían disponer de abogado de confianza, y a uno de ellos no se le ha permitido verlo hasta 21 días después. Y, en fin, los abogados no conocen las acusaciones exactas porque el sumario está secreto, así como lo poco que saben es vía filtraciones mediáticas siempre inciertas. ¿A qué todo suena demasiado?

Sigamos. La tercera dimensión, la cuantitativamente más importante, es la que engloba los 28 encarcelamientos consumados desde que se conoció la sentencia del «procés», por acusaciones como «atentado contra la autoridad» o «desórdenes públicos». El analogismo vasco lo ha trazado aquí, y no desde Catalunya sino en declaraciones desde Bilbo, el líder del PP, Pablo Casado: «Es kale borroka».

Radiografiando este espacio, todos los arrestados han pasado por juzgados catalanes, incluida la cuarta parte de las detenciones que han sido practicadas por la Policía española (los otros tres cuartos corresponden a los Mossos). Todos ellos están también en cárceles de su país: 16 en Barcelona, 5 en Girona, 5 en Lleida y 2 en Tarragona.

Los atestados policiales están bajo sospecha total y apuntan a que en un momento en que estaban desbordadas por las protestas, los dos cuerpos tiraron de red pelágica. Abogados denuncian que algunos han sido encarcelados incondicionalmente sin individualizarse las acusaciones, o únicamente por haber sido sorprendidos portando piedras, o bajo acusaciones que no pasan de quemar un contenedor.

La gran mayoría tienen menos de 25 años. Estos 28 encarcelados (hay otro en Madrid por una protesta allí) son la punta del iceberg de una masa de detenidos en Catalunya que llega a 206 según sus números (aunque el Poder Judicial español dice tener constancia solo de 153). En esta amalgama, no menos de quince arrestados son menores, dos de los detenidos han sido internados en un CIE por tratarse de inmigrantes y a uno se le abierto procedimiento de expulsión.

La excepcionalidad en algunas medidas impuestas también lleva a pensar que los aparatos represivos del Estado están improvisando ante una respuesta a la sentencia que no preveían: a algunos detenidos se les ha prohibido ir a manifestaciones y actos políticos (como ocurre con los vascos en situación de «prisión atenuada» en sus domicilios), o se les han impuesto órdenes de alejamiento respecto a la comisaría española de Via Laietana de Barcelona, o se les ha incautado el móvil... Todo ello con una cobertura legal muy incierta o inexistente.

Los abogados reclaman la puesta en libertad inmediata y quieren también acelerar los juicios, a sabiendas de que palabras como las de Casado no apuntan a nada bueno. El precedente vasco también es inquietante aquí; la etiqueta de los «grupos Y» fue recreada y explotada en los 90 como puente para poder tipificar la kale borroka como «terrorismo» y poder extremar así las condenas (Eneko Olza pasó diez años preso por solo un sabotaje, Arkaitz Bellon falleció en Puerto de Santa María purgando un castigo de trece años, todavía quedan algunos prisioneros por ello pasada ya más de una década desde las últimas oleadas de ataques...)

Ante esta triple embestida, la solidaridad ha surgido espontáneamente y se está organizando a la carrera, desde el espacio jurídico hasta el movilizador. En lo judicial, este salto en la represión supone un desafío importante para Alerta Solidària, organización que hasta ahora había funcionado con un grupo amplio de abogados (unos 50) constituidos en red y con carácter muy voluntarista.

Alerta Solidària, nacida en 2001 dentro del Proceso de Vinaròs que reorganizó la Esquerra Independentista, atendía hasta la actualidad unos 150 casos, pero muchos tenían que ver con causas sociales más que estrictamente políticas.

Además de asistir a los detenidos y encarcelados estas semanas, está teniendo que afrontar a contrarreloj tareas básicas como difundir las reglas de autodefensa mínimas ante un arresto policial: tratar de conseguir testigos, reclamar asistencia de un abogado de confianza, no declarar en comisaría... Medios públicos y privados les han dado voz para ello estas semanas, en un panorama mediático notablemente más abierto que el vasco para estas cuestiones de derechos humanos.

La asistencia a los presos también está por reorganizar, después de que en la pasada Diada el colectivo Rescat celebrara su última movilización. Que no se trata estrictamente de un adiós lo refleja el lema empleado («Hasta el último rescate, la lucha continúa»), pero es un espacio en reconstrucción que siente ahora nuevas necesidades.

Los familiares son otro ámbito que se está configurando día a día. A falta de una organización como Etxerat, han surgido colectivos en principio locales, basados en la filosofía de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo. Ya antes venía trabajando por la libertad de los presos políticos Taca d´Oli, formado por avis y àvies catalanes, y que ahora prestará mucha ayuda en la campaña masiva de autoinculpaciones de Òmnium.

Todo ello tiene también potentes exigencias económicas, por lo que se han activado diversas recogidas de fondos.