El Gobierno español propondrá una reforma de la Constitución para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna a fin de «consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres», según han informado fuentes del Ejecutivo citadas por Efe.

Este anuncio se produce después de que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobara, con los votos del PP y Vox, una iniciativa del partido ultraderechista para dar información a las mujeres que soliciten interrumpir su embarazo sobre el «trauma posaborto».

En respuesta, el Gobierno de Pedro Sánchez ha comunicado este viernes que impedirá que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo «reciban información falsa o sin evidencia científica» e impulsará esa reforma constitucional.

«En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas», han añadido las citadas fuentes.

Para ello, el Ejecutivo impulsará un procedimiento de reforma ordinario de la Constitución, lo que requeriría de una mayoría cualificada para su aprobación parlamentaria.

«El PP ha decidido fundirse con la ultraderecha. Allá ellos. Pueden hacerlo. Pero no a costa de las libertades y los derechos de las mujeres», ha publicado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un mensaje en la red social X. «Con este Gobierno, en derechos sociales, ni un paso atrás», ha añadido.

Por ello, «el Ejecutivo impedirá la difusión de información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo, empezando por la modificación del Real Decreto 825/2010».

Y llevará al Parlamento una propuesta «para constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», ha añadido el presidente del Gobierno en el mensaje publicado.

El propio Tribunal Constitucional reconoció la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho esencial de las mujeres en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo.

Con esta medida, y según fuentes del Gobierno, el Estado español se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que el Estado francés lo hiciese en 2024: «El Gobierno combate así cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres».

La reforma establecerá la obligación de que toda la información que se brinde en materia de IVE tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA).

PP y Vox se escudan en un síndrome que no existe

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconoció este jueves que el «síndrome posaborto» no es una «categoría científica reconocida», algo que ya apuntó el miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García, quien defendió que este concepto se basaba en «mucha ideología y poca ciencia».

«No existe un síndrome posaborto como diagnóstico clínico», dijo la ministra tras conocer la iniciativa aprobada en el Ayuntamiento de Madrid. Ya entonces avanzó que el Ministerio de Sanidad estudiaría la legalidad de la propuesta aprobada por el Ayuntamiento de Madrid.

García advirtió al PP que en caso de que lo lleven a cabo, «el Ministerio estudiará judicialmente la legalidad de la acción y las consecuencias jurídicas que pueda tener esta acción de acoso y desinformación».

También la presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), Marina Díaz, afirmó en declaraciones a Efe que el trauma posaborto «no está en las clasificaciones del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, no es una etiqueta científica como tal».

Mayorías parlamentarias casi imposibles

La propuesta del Gobierno español se enfrenta a mayorías parlamentarias muy difíciles de conseguir sin un amplio consenso, e imposibles en la legislatura actual si el PP y Vox se oponen.

Para ello, el Ejecutivo tendría que conseguir unas mayorías parlamentarias incluso más amplias que las que permitieron la investidura de Sánchez. Si el reconocimiento del aborto se incluyera en el capítulo ‘De los derechos fundamentales y de las libertades públicas’, el procedimiento de reforma sería el agravado, que requiere una mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado y seguidamente la disolución inmediata de las Cortes y convocatoria de elecciones.

Es decir, tendrían que votarlo a favor al menos 233 diputados, pero en esta legislatura solo hay 180 que no sean de PP y Vox, partidos que han avanzado su rechazo a la propuesta. Además, el inicio de la reforma por la vía agravada necesitaría también del apoyo de al menos 176 senadores, que está más lejos todavía del alcance del bloque de investidura, dada la amplia mayoría del PP en la Cámara Alta.

Tampoco serían fáciles las mayorías parlamentarias necesarias en el caso de que el intento de reforma no implicase un cambio en el capítulo dedicado a los derechos fundamentales y libertades públicas. El comienzo de la reforma por esta vía requeriría la aprobación por 210 diputados y 159 senadores, igualmente alejado de las mayorías posibles para Sánchez tras la negativa del PP.

Si se aprobara en el Congreso y en el Senado no, la Constitución en su artículo 167 da pie a que se creara una comisión de diputados y senadores que presentara un texto, el cual requeriría solo de mayoría absoluta en el Senado, pero que elevaría a 233 los votos necesarios en la Cámara Baja.

En cualquier caso, no podría prosperar si el PP y Vox se oponen, por lo que el PSOE y Sumar tendrían que acordarlo con el PP o esperar a mayorías más amplias en otra legislatura.