Es una práctica extendida que al contratar determinados servicios nos exijan  –con carácter previo– los datos de nuestra tarjeta de crédito a modo de garantía de pago. Una práctica de total abuso que se da en los alojamientos hoteleros, alquiler de coches, arrendamientos inmobiliarios, y ya el colmo de lo “novedoso” es que también en algunas páginas web de libros y películas gratís.

La solución salomónica que suelen dar las administraciones de Consumo es que «busque, compare, y si encuentra algo mejor cómprelo». Es decir, que o bien no se contrate, o, si se ha hecho ya, que se revoque el contrato. Es obvio que a esta postura se le llama echar balones fuera. Y ello es así porque a las mencionadas autoridades les corresponde la potestad sancionadora en materia de cláusulas abusivas, quienes podrán sancionar al profesional que utilice cláusulas abusivas en los contratos (art. 49.1, letra i del TRLGDCU). La pregunta del millón es: ¿por qué no actúan?.
El asunto viene coleando desde hace años, primero con la exigencia del DNI; luego se pasó al tipo de garantía a modo de “prenda” como era extender un cheque en blanco de pago de tarjeta de crédito; y la modalidad que ahora prima –y en la que están cómodas las empresas– es la de pedirte los datos de tu tarjeta de crédito.
   
Claramente una exigencia excesiva e injustificada en detrimento del consumidor, como siempre, y que lo reconoce así el Tribunal de Justicia de la UE, en una sentencia del 14 de marzo de 2014.  Si el móvil que impulsa a la empresa es el de garantizarse el cobro del servicio que dará a posteriori, el móvil del consumidor para negarse a dar su tarjeta es el de dudar del buen uso que la otra parte pudiera o no hacer de ella.

Viendo como está el patio solo nos queda ejercer la justicia motu propio, y yo misma así lo hice tras ocho meses de reclamación administrativa inoperante e ineficaz. La solución fulminante: escribir “cartas al director”, mostrarlo en internet... Eso sí, enviando sendas copias a la empresa denunciada.