En el juicio en curso contra Joaquín El Chapo Guzmán, en Nueva York, hay un notable ausente. El desfile de los testigos que cooperan con la justicia, hasta ahora exclusivamente narcotraficantes mexicanos y colombianos, junto con un amplio plantel de policías estadounidenses que divulgan detalles sobre su “lucha contra los malos”, constituye el elenco de esta obra teatral que aquí los medios nacionales y locales resumen con títulos como “México es aún más corrupto de lo que se suponía”.

México, a través del prisma de este juicio, se ve como un país no solo violento y corrupto, sino como una sociedad que aparentemente se ha rendido. No se mencionan la ira, las protestas masivas, los movimientos nacionales y locales, la valentía de los periodistas en respuesta a lo que ocurre, ni los resultados de las elecciones generales que, en parte, fueron un “Ya basta” masivo a todo esto.

Todos saben que el negocio de los empresarios de la droga que se juzga aquí depende de una sola cosa: el apetito aparentemente insaciable de los estadounidenses por la cocaína y la heroína, entre otras cosas. Se sabe que este negocio depende de canales financieros, incluyendo bancos y empresas de traslado y/o blanqueo de dinero de este lado de la frontera, en el propio EEUU; y se sabe también que este negocio requiere de las armas que se fabrican y compran –legalmente– en Estados Unidos. También se sabe que, a pesar de que la política antidroga es un fracaso espectacular tanto aquí como allá, políticos de ambos lados de la frontera curiosamente están de acuerdo con los narcotraficantes en una cosa: en que apoyan la política antinarcóticos (aunque cada uno por diversas razones).

Pero en el tribunal en Nueva York no están presentes representantes del mercado de consumo de estas drogas, no está ningún profesional rico, ni un niño bien, ni una estrella del cine u otros a quienes les encanta compartir cocaína sin importarle su costo real ni pretenden participar en ninguna lucha por su derecho a su droga (o sea, su legalización).

También están ausentes los banqueros. Ya se ha comprobado anteriormente que varios de los bancos más grandes –Citibank, HSBC (el cual lavó casi mil millones para el cártel de Sinaloa), Wachovia, Bank of America y tantos más– han violado sistemáticamente la ley Antilavado de dinero. Pero ni un solo ejecutivo ha sido encarcelado por ello y, cuando estos crímenes han sido detectados, los bancos solo han pagado multas. De hecho, en el caso de HSBC, fue el procurador general de Barack Obama quien decidió no presentar cargos contra sus directivos.

Tampoco están presentes en este tribunal los políticos que impulsan la llamada “guerra contra las drogas”, unos líderes que rehúsan rendir cuentas o aceptar sus responsabilidades por las consecuencias de sus políticas hacia las comunidades pobres de América Latina y hacia los sectores marginados existentes dentro de Estados Unidos. Estos son quienes pagan la cuenta en sangre, sufrimiento y vidas devastadas.

De hecho, aún después de que El Chapo y tantos otros capos del narcotráfico fueran arrestados o aniquilados –y, a la vez, cientos de miles de pobres asesinados o encarcelados– bajo las políticas antinarcóticos diseñadas, impulsadas y financiadas por Washington en México, Colombia y México, el hecho es que hoy día, según las cifras más recientes de la Oficina de Drogas de la ONU, se registra un récord histórico en la oferta de cocaína y opio en el mundo. Estados Unidos es el principal consumidor mundial de cocaína (aproximadamente un tercio), con el 90 por ciento del producto que llega desde Colombia a través de Centroamérica y México y que entra por las fronteras legales a EEUU, según reconoce la propia Casa Blanca. Un argumento que contradice la versión actual que maneja Trump para justificar su muro.

Tal vez se podría hacer un juicio, o varios, en México, paralelos al del Chapo en EEUU, convocando o solicitando la extradición de consumidores, banqueros, comerciantes de armas y políticos estadounidenses para que sean interrogados y compartan así todos sus secretos sobre la corrupción oficial y empresarial en Estados Unidos, como la utilización de presupuestos, operaciones encubiertas de inteligencia con narcos, y otros detalles sobre el gran negocio ilícito de las drogas a ambos lados de la frontera.

A eso se le podría llamar responsabilidad compartida.

Nota: El juicio contra El Chapo Guzmán, acusado de liderar el cartel de Sinaloa, considerado el principal cartel de drogas del planeta, arrancó en noviembre de 2018 en la Corte Federal de Brooklyn y se prevé que finalizará la semana próxima. Calificado como “el juicio del siglo”, ha dejado un historial de acusaciones contra funcionarios de Colombia, un presidente de Honduras y dos ex presidentes mexicanos. La defensa de Guzmán señaló a los ex presidentes de México Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto de haber recibido sobornos del capo, lo cual fue negado por ambos.