La Audiencia Provincial de Bizkaia ha ordenado apertura de juicio contra cuatro responsables de la Diputación vizcaina por una orden foral con la que se arrebató la custodia de una niña de corta edad a su madre, alegando que rechazaba las estancias con el padre porque su madre la estaba instrumentalizando, o lo que es lo mismo, alegando la existencia de un supuesto síndrome de alienación parental (SAP).

Entre los acusados se encuentra el hoy diputado vizcaino de Acción Social, Sergio Murillo, entonces director general de promoción de la autonomía personal. Junto a él se sientan en el banquillo responsables del servicio de infancia y de recepción, valoración y orientación de la Diputación vizcaina. Antonia Giner Cucarella (Jefa de Valoración del servicio de Infancia), Consuelo Alonso Vergara (jefa del Servicio de Infancia) y Maika Urutxurtu Cueva (Trabajadora Social). Los cuatro están acusados de prevaricación y por un delito de lesiones, en el caso de la trabajadora social.

El último auto de la Audiencia Provincial de Bizkaia, resolviendo un recurso presentado por los encausados, establece que la orden foral con la que se apartó a la niña de su madre fue «ejecutada por la fuerza y con el apoyo policial recabado por los servicios de la Diputación». Señala que hubo «la fuerza física, y el consiguiente efecto de violencia sicológica» sobre la niña, de cinco años de edad, pero también sobre la madre.

Los tres magistrados que suscriben el auto agregan que la orden foral» superó «criterios de proporcionalidad», que esta se ejercitó «con manifiesto abuso de poder» y que «los informes en los que se basa la actuación de Diputación no responden a la realidad, existiendo además intervención del Juzgado de Familia y pese a que la madre ha interpuesto denuncia por maltrato contra el padre».

Tampoco pasa por alto la Audiencia que «las consecuencias que estos actos pueden tener sobre la menor son de una gravedad extrema, además de haber sido vejada y menospreciada la madre denunciante por profesionales a los que ella atribuye falta de preparación adecuada y modificación de criterios sin consistencia suficiente».

Lesiones físicas y sicológicas

Los magistrados de la Sección Sexta Ángel Gil Hernández, Nekane San Miguel Bergaretxe y Alberto de Francisco López apuntan en el auto que «resulta probable que se hayan causado lesiones físicas y sicológicas importantes en la niña por intervención de las personas investigadas y sus decisiones» y subraya que corresponde a un juzgado dictar las medidas que considere oportunas en caso de tener que apartar a una menor de un peligro.

Establecen, asimismo, que una orden foral no está por encima de una sentencia judicial, en referencia a la custodia que la madre tenía atribuida en sede judicial y que le fue arrebatada por la decisión de los responsables forales.

Recuerda al respecto que «el ente foral no está legitimado pata modificar el contenido de una resolución judicial» y que «no puede asumir la estancia temporal de un menor con un determinado progenitor cuando ambos tienen atribuida ya por resolución judicial la patria potestad y la custodia de la menor».

Ahonda, asimismo, en que no se estima «la petición del padre de retirar la guarda de la madre, porque fuera beneficioso para la niña» y que a raíz de la petición del padre, el juzgado pedía a la Diputación que «valore» el desamparo, no que resuelva ni que actúe, de forma que el padre consiguió por esta vía (administrativa) lo que no consiguió vía judicial, explica la afectada, Irune Costumero, que integra Luna Plataforma, un colectivo que lucha contra la aplicación del SAP en todo el Estado.

Las Juntas, contra el síndrome

Tras las reuniones mantenidas con todos los partidos políticos con representación en las Juntas Generales de Bizkaia, la institución aprobó el pasado 20 de enero a instancias de EH Bildu una resolución unánime en contra de la utilización del denominado «Síndrome de Alienación Parental». Destacó la juntera de la coalición soberanista Bea Ilardia que este es un «punto de inflexión» en la «protección a mujeres y niñas víctimas de la violencia de género» y confió en que «no se retire ni una tutela más a una madre» por «una supuesta instrumentalización».

Eneritz de Madariaga, de Elkarrekin Podemos, defendió el acuerdo frente a quienes han aplicado un sesgo «que confiere solo a las mujeres la capacidad de instrumentalizar y ofrece más credibilidad a los hombres.

Juan Otemin, del PSE, aseguró que el Servicio Foral de Infancia «no utiliza el SAP», sino que es el Decreto Balora el que utiliza «la instrumentalización» y Elena Gloria (PNV) mostró «absoluta confianza» en las personas que trabajan en el Servicio de Menores.

La propuesta aprobada «insta al Departamento de Acción Social a que analice en los próximos seis meses las situaciones de desprotección identificadas mediante la herramienta Balora y especialmente el efecto que el ítem ‘instrumentalización en conflictos entre progenitores’ haya podido tener».

Hasta Uruguay, ante la ONU

La propia Irune Costumero acompañada de la presidenta de Plataforma Luna, Esther Ruiz, viajó a Uruguay para reunirse con el presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Luis Pedernera, y hacerle saber lo que está ocurriendo en el Estado español con la aplicación del SAP.

«Impactado» por el relato de ambas madres sobre una práctica extendida en el Estado, Pedernera les encomendó, según explica Costumero, que realizasen un estudio que recoja datos sobre la aplicación del SAP a través de las indicaciones realizadas en unas pautas para guiar el análisis.

El próximo día 15, la plataforma Luna ha organizado un encuentro en Igorre que reunirá a siquiatras y sicólogos entre otros profesionales para abordar su visión de las consecuencias del SAP.

Tres años después, ni medidas cautelares ni navidades en casa

A la espera de un juicio aún sin fecha, Irune Costumero, la madre que denunció a los responsables forales por retirarle la custodia de su hija, espera que se dirima de una vez la cuestión y se devuelva a la normalidad a una niña de ocho años que «está sufriendo y hay objetivado daño síquico», según constatan informes forenses independientes, tal y como subraya. Actualmente la relación con su hija se limita a dos encuentros semanales, cuatro horas en total. Hasta hace poco las citas estaban supervisadas por personal de la Diputación. «En todo el tiempo que nos mantuvieron sin contacto alguno, mi hija no entendía nada de lo que estaba pasando, ha llegado a pensar que yo estaba en la cárcel», cuenta la madre.

Mientras tanto, «ellos –los acusados– siguen en sus puestos y yo sigo sin mi hija después de tres autos condenando los hechos», destaca Costumero, que insiste en que la niña tenía cinco años cuando la arrebataron de sus brazos. En todo este tiempo se han sentido «como en una rueda de hanster», sin salida en medio de una maraña judicial y administrativa. La última situación de desamparo, relata, ha tenido lugar estas pasadas navidades. Al estar la cuestión pendiente del juicio penal, interpuso un procedimiento de urgencia para tratar de conseguir a la mayor brevedad medidas cautelares. «Nos encontramos que después de dos meses de tardanza, por cuestiones ajenas a nosotras, no pudo celebrarse el juicio el 17 de diciembre, con lo que son las terceras navidades que pasa fuera de casa». En las últimas semanas, ha habido situaciones que sorprenden y «duelen» a partes iguales, según señala. «La propia Diputación ha accedido a retirar la figura del educador en los encuentros con mi hija, y nos sorprende ahora con un escrito en el que recoge que el nuestro es un divorcio común en el que padre y madre tenemos que ponernos de acuerdo, ¡ahora nos dicen esto!», subraya. N.G.