Hasta 43 minutos duró la desastrosa ejecución de Clayton Locket el pasado 29 de abril en la prisión de McAlester, en el estado de Oklahoma. 37 minutos de sufrimiento añadidos a los 6 minutos que dura una ejecución normal. Locket no murió por el efecto del «cóctel mortal» que se le suministró, sino por una parada cardiorrespiratoria. Algo que puede definirse sin demasiados reparos como una muerte por tortura, tal y como denunció la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay.

La hemeroteca reciente da cuenta de otra noticia relacionada que, pese a pasar más desapercibida, no deja de generar otro incómodo escalofrío. El pasado 13 de marzo, Glenn Ford salió del corredor de la muerte de Louisiana después de 26 años entre rejas. Un juez revocó la sentencia al considerarlo inocente del asesinato del que se le acusaba. Entró con 38 años y salió con 64. Pero el escalofrío no viene tanto del tiempo perdido en prisión -que evidentemente también-, sino de la reflexión implícita que conlleva su excarcelación: ¿Cuántos inocentes han pasado los últimos días de sus vidas en un corredor de la muerte?

Ambos sucesos han reabierto el debate sobre la pena de muerte en EEUU, donde 20 personas han sido ejecutadas en lo que llevamos de 2014. Desde 1976, un total de 1.379 han perdido la vida de forma «legal» en EEUU, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por sus siglas en inglés). Más de un tercio -515- lo han hecho en el estado de Texas, líder entre los 32 de EEUU que aplican hoy en día la pena de muerte, frente a dieciocho estados que no la practican.

Aunque a veces cuesta entenderlo desde una óptica europea, en la que la pena de muerte es generalmente mal vista -pese a las tentaciones siempre presentes de caer en el populismo punitivo-, los argumentos esgrimidos por los defensores de la pena de muerte en Estados Unidos van más allá del deseo de venganza de las víctimas. Amnistía Internacional identificó recientemente cinco de los razonamientos más empleados para justificar la pena capital en un documento dedicado precisamente a rebatir dichos argumentos.

Entre los «mitos» identificados por Amnistía Internacional destacan ideas como que la pena de muerte tiene un efecto disuasorio sobre la delincuencia -ninguna estadística confirma tal afirmación-, o que dado que recibe el apoyo de la mayoría de la población, la pena capital está justificada -otras muchas violaciones de los derechos humanos han recibido también el apoyo de la sociedad a lo largo de la historia, sin que eso las justificase, según recuerda la organización humanitaria-.

Uno de los argumentos a favor que Amnistía Internacional no recoge, pero se escucha de vez en cuando, es el económico. De él hablaba recientemente el filósofo Josep Ramoneda, al recordar cómo un taxista de San Francisco le explicó hace unos años, con «naturalidad absoluta», que mantener un preso durante toda su vida resulta muy caro y que, por lo tanto, matarlo supone un ahorro para todos. El filósofo catalán empleaba la anécdota para explicar la poca importancia que los argumentos filosóficos y morales tienen en un debate dominado por una visión pragmática, rayana al cinismo. De ahí también que una ejecución de 43 minutos mal efectuada produzca la crítica general de todo el país y que una ejecución de 6 minutos «bien» realizada entre dentro de la más normal cotidianeidad.

Incluso Houston se mueve

Es por eso que son episodios como el vivido en Oklahoma los que acostumbran a avivar un debate que en esta ocasión ni el presidente, Barack Obama, parece poder eludir. De momento ya ha pedido un análisis detallado sobre las ejecuciones al secretario de Justicia, Eric Holder, y aunque nada hace pensar en una abolición a corto plazo, cada vez existen más indicios de un lento movimiento de la sociedad hacia posiciones en contra de la pena capital. Como ejemplo, el apoyo a penas alternativas a la de muerte en la ciudad de Houston -la más poblada de Texas, epicentro de la pena capital en EEUU- no hace más que crecer año tras año. Según las encuestas realizadas periódicamente por Kinder Institute, en 2012, el 54% de los ciudadanos de Houston apoyaba medidas alternativas a la pena de muerte; en 2013 el porcentaje creció hasta el 65% y este año se ha situado ya en el 69%, por encima de los dos tercios de la población.