Las autoridades de Indonesia han desoído las peticiones de clemencia planteadas por varios países y mantienen la ejecución de nueve presos condenados por tráfico de drogas, a pesar de que en el caso de dos de ellos, de nacionalidad australiana, sobrevuelan sospechas de corrupción. El Tribunal Constitucional indonesio ha accedido a deliberar sobre un recurso presentado por estos, pero la Fiscalía no aplazará la fecha de la ejecución, que previsiblemente se conocerá hoy.

Las autoridades prevén fusilarlos, junto a otros siete condenados de Brasil, Filipinas, Nigeria e Indonesia, de forma inminente –incluso esta misma noche–. La ministra de Exteriores de Australia, Julie Bishop, ha reclamado la suspensión de las ejecuciones porque existen acusaciones muy graves sobre las supuestas peticiones de dinero por parte de los jueces del caso.

El propio presidente de Indonesia, Joko Widodo, preguntó a Australia «por qué no planteó antes» estas objeciones. Un condenado francés fue retirado de la lista a última hora, lo que parecía abrir esperanzas tras las presiones diplomáticas de París, pero la Fiscalía indonesia advirtió de sería ejecutado si se rechaza su recurso ante el tribunal administrativo de Yakarta. El presidente francés, François Hollande, y el primer ministro australiano, Tony Abbott, recordaron «que Francia y Australia condenan el recurso a la pena de muerte en cualquier lugar y circunstancia». El presidente de Filipinas, Benigno Aquino, apeló a la «consideración humanitaria» para que se revise el caso de la filipina condenada.