Jon Loizaga Cayero fue edil durante ocho años y se le considera, junto al exalcalde Eneko Arruebarrena, responsable del fraude en el caso de la licitación del complejo deportivo de Pinosolo, tal y como concluyó la comisión de investigación y ratificó el Pleno. A raíz de los indicios de corrupción en ese proyecto que iba a costar a las arcas locales 53 millones, EH Bildu inició un análisis de los contratos de gestión de servicios realizados por el Consistorio de Leioa.

Ayer, en rueda de prensa, informó de que empresas vinculadas a quien fue concejal de Cultura y Deportes obtuvieron importantes contratos, algunos de los cuales aún se mantienen con Kultur Leioa, gaztegune y gimnasio de Sakoneta. Para EH Bildu lo descubierto «no es resultado de la actuación individual del antiguo concejal, sino que es un indicio de algo mucho más profundo», que considera tiene que ver con la forma de actuar de los jeltzales.

Para los soberanistas existen «importantes» indicios en la adjudicación de estos contratos, que podrían ser «parte de una red clientelar puesta en marcha por miembros del PNV de Leioa, entre ellos antiguos concejales». A esa supuesta red se le habrían adjudicado contratos «de manera cuasi sistemática», de modo que las empresas facturarían cientos de miles de euros anuales y además «colocarían a dedo a personas afines y del partido».

Una de las vinculadas a Loizaga es Hirurok Zerbitzuak SL, que fundó en 2001 junto a otros dos militantes jelkides. Un año después, empezó a ser contratada por el Consistorio. En 2003 es designado delegado de Cultura y Deportes y continúa adjudicando trabajos a la firma, a la que en 2005 se le concede el contrato de servicios a Kultur Leioa. Hasta 2014, a Hirurok Zerbitzuak SL se le han librado facturas por 2,2 millones de euros.

En 2005 sale a concurso público la gestión del gimnasio de musculación y fitness del polideportivo de Sakoneta, presentándose solo a la licitación el empresario Javier Allende Villanueva. Al año siguiente, tal y como consta en el registro mercantil, Jon Loizaga Cayero se asocia con él en la firma HostelPark 2004, ocupando el cargo de apoderado solidario de 2006 a 2008, lo que demostraría la relación entre ambos.

Para la coalición, las condiciones de este contrato «son muy beneficiosas para Allende y suponen una gran desventaja para el Ayuntamiento». Explicaron que el gestor se lleva el 65% de las cuotas del gimnasio, lo que ha supuesto aproximadamente un millón de euros desde 2005.

Tampoco obviaron la vinculación del exedil con Alaiki Zerbitzua Gizakulturalak SL, donde fue apoderado desde diciembre de 1999 a octubre de 2002. Siendo concejal, Loizaga contrata «de manera reiterada» a esta empresa vinculada a intereses del PNV para la programación cultural y se le adjudica la gestión del gaztegune. Solo en el pasado ejercicio, Alaiki facturó más de 230.000 euros al Ayuntamiento de Leioa.

«Acabar con el clientelismo»

EH Bildu estima que hay que terminar en el Consistorio con «el clientelismo y la corrupción» a la que, en su opinión, el PNV da cobertura respaldando a los cargos públicos y militantes involucrados, como se ha demostrado en la investigación del «caso Pinosolo».

Además, propone que se ponga en marcha una auditoría independiente de todos los contratos de adjudicaciones y subcontrataciones municipales. También se plantea la creación de una página web donde se publiquen todos los contratos, junto a la redacción de un código ético y de buenas prácticas en ellos. No falta la solicitud de una bolsa de empleo municipal en la que se garantice la igualdad de oportunidades.

Irregularidades en las adjudicaciones de los polideportivos de Erandio, Ortuella y Muskiz

Jon Loizaga, junto a la también exedil de Leioa Ainara Urbieta, constituyeron en julio de 2011, al mes y medio de no renovar su acta de concejal al ir en puestos de relleno, la empresa de gestión deportiva Bi Sport 2011 SL, de la que es administrador único. La firma obtuvo en 2012 la gestión de los polideportivos municipales de Altzaga y Astrabudua, en Erandio, a pesar de que los técnicos municipales emitieron un informe desfavorable por el bajo precio con el que concurrieron al concurso; un 15% menos que sus competidores.

En julio de 2014, con los únicos votos a favor del PNV, se le adjudicó el control del polideportivo de Ortuella. La oposición detectó irregularidades en la evaluación técnica y se anuló el contrato al demostrarse que Bi Sport no tenía experiencia en la gestión de dos contratos similares al de la localidad minera.

Poco después, en diciembre de 2014, en un pleno extraordinario en Muskiz, se adjudicó a Bi Sport la gestión de su polideportivo por cinco años prorrogables por otros cinco, por un importe total de 2,9 millones de euros. La empresa que tuvo el anterior contrato presentó un recurso administrativo. El órgano que supervisa los contratos públicos en la CAV resolvió a favor de EMT Sport, al entender que había irregularidades.A.G.