El fiscal no ve delito tributario del PP en las donaciones de empresarios reflejadas en los papeles de Bárcenas, aunque considera al partido responsable civil por los pagos en negro de la reforma de su sede, atribuidos a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, para los que pide cinco años de cárcel.

En el escrito de acusación del caso Bárcenas el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral da por acreditada la existencia de una caja B del PP que manejaban Bárcenas y Lapuerta, quienes recibieron fondos en metálico aportados por empresarios que camuflaban así sus donaciones al partido. Por ello, les atribuye un delito fiscal, otro de apropiación indebida y un tercero de falsedad documental. Además, pide otros 18 meses de cárcel para el exgerente Cristóbal Páez. Sin embargo, entiende que «la cuota presuntamente defraudada» no llegaría a los 120.000 euros de límite para ser considerado delito.