Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de setiembre se manifestaron el domingo en la capital mexicana y en Nueva York para exigir respuestas al Gobierno mexicano y denunciar su interés por «dar carpetazo» a las investigaciones.

Según la Fiscalía, fueron entregados por la Policía de Iguala a narcotraficantes y éstos los incineraron en un basurero cercano y arrojaron las cenizas a un río. El entonces fiscal general, Jesús Murillo Karam, aseguró que ésta es la «verdad histórica» de lo ocurrido, sustentada en los testimonios de un centenar de detenidos y pruebas recogidas en el lugar.

Solo se ha podido determinar científicamente la muerte de uno de los estudiantes, por lo que Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideraron precipitadas las conclusiones de Karam.

La lucha de las familias ha logrado varias metas. Una de ellas fue el acuerdo alcanzado con el Gobierno para que expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viajaran a México para investigar lo ocurrido

«La indignación todavía se siente. El Gobierno ha pretendido cerrar el caso en un intento de dar la sensación de que ya no hay nada más que hacer. Eso impacta en la sociedad y es justo por lo que no debemos tirar la toalla», dijo Daniel Cobos, estudiante de Sociología.

«El crimen de Ayotzinapa fue la gota que derramó el vaso de mucho descontento, impunidad, corrupción, abuso...», consideró la investigadora Layda Negrete, coproductora del documental “Presunto culpable”.