Los padres y el profesorado de cuatro colegios de Ipar Euskal Herria se han movilizado para instar a la Dirección Académica a que cambie su opinión sobre los centros de clase única. Desde el martes están ocupados los centros escolares de Heleta, Muntori, Larraine eta Landibarre junto con otros del Bearno. Con dichas protestas se trata de dar marcha atrás a la decisión del DASEN que prohibe la inscripción de alumnos menores de cuatro años en los centros de clase única.

Los colegios ocupados forman parte de la Asociación de Escuelas Rurales y Públicas (Aderp en francés), creada por los padres de los alumnos. En la mayor parte de casos los alcaldes de las localidades concernidas han apoyado la movilización. El sindicato SNUipp-FSU también ha dado su apoyo.

Las escuelas de una única clase para todos los niveles es un modelo muy extendido en las pequeñas poblaciones. Según han denunciado desde la asociación con esta decisión el Director Académico de los Servicios de la Educación Nacional (DASEN en francés) pone en peligro la continuidad de las clases únicas. Estas serían sustituidas por las Agrupaciones Pedagógicas Intermunicipales, una sola gestión para los centros de diferentes localidades. Pero los miembros de la Aderp denuncian que a medio plazo la creación de dichas agrupaciones acarrearía la desaparición de algunas de las escuelas locales y los puestos que la acompañan.

La inspectora de la academia de la circunscripción en la que se encuentra Muntori llamó a la escuela el martes pasado para proponer un agrupamiento junto con Ligi y Liginaga. Pero el responsable de la asociacoón en la localidad declaró que «queremos que los niños estén escolarizados en sus localidades».

SNUipp-FSU

El sindicato SNUipp-FSU de los Pirineos Atlánticos que reúne Ipar Euskal Herria y el Bearno ha denunciado que si esta decisión no traerá consecuencias para el próximo curso «puede amenazar a corto plazo 23 clases únicas en el departamento».

Tras denunciar los riesgos que puede acarrear la decisión del DASEN lo emplaza a negociar con los cargos electos, lo padres de los alumnos y el profesorado para proteger los derechos de las escuelas rurales.