La Diputación de Gipuzkoa sigue sin aclarar cómo y por qué durante al menos cinco días, entre el 8 y el 13 de julio, Antton Ibargutxi Otermin, actual jefe de Servicio B de Defensa y Asesoramiento Jurídico de la misma institución foral, fue el letrado encargado de la defensa de Mirari Azurmendi Sorazu y Silvia Armenteros Román, empleadas de Bidegi e imputadas ambas en el caso que lleva el mismo nombre.

La documentación con la que el ente foral quiso desmentir el lunes tal extremo tenía fecha de ese mismo día, jornada en que se llevó a cabo en los juzgados de Azpeitia una prueba caligráfica. Ese documento informaba del «cambio» de letrado, pero no revelaba la identidad del abogado «saliente»: Ibargutxi.

El acta de redacción de la prueba pericial realizada el lunes, que acompaña la información, ratifica que el colegiado José Ignacio Larrañaga «actuó en sustitución» de Ibargutxi –luego, ha ejercido–, porque es a quien ahora Azurmendi y Armenteros han designado para que las defienda de falsedad documental e infidelidad en la custodia de documentos, entre otros delitos, en el marco de las presuntas irregularidades cometidas en el pago de las obras del túnel de Arlaban de la AP-1.

Que Azurmendi, Armenteros e Ibargutxi se conocían desde antes lo admiten fuentes forales, pero agregan que simplemente pidieron su asesoramiento. Los documentos que acompañan este artículo demuestran que Ibargutxi sí asumió su defensa.

Según publicó ayer “Noticias de Gipuzkoa” citando fuentes forales, las imputadas acudieron a la correduría de Bidegi en busca de asesoría. Fue allí donde, según estas fuentes, les remitieron a Ibargutxi. Este les dio «referencias» de abogados penalistas que podrían llevar el caso y les realizó «un primer trámite» mientras contrataban al nuevo letrado, que resultó ser Larrañaga, que en la sesión del lunes asistió a ambas en la primeras pruebas periciales.

Se mantienen las diligencias

Por otra parte, la acción de la parte querellante, la propia Diputación, no la ejercerán los dos abogados contratados por el anterior equipo de gobierno, sino los propios servicios jurídicos del ente foral. La decisión la anunció el nuevo Ejecutivo el lunes, aunque la rescisión estaba prevista que se acordara ayer, en el Consejo de Gobierno.

Tras la reunión no hubo notificación al respecto, dando por zanjado el asunto con la nota del lunes, en la que añadió que mantiene su personación en las diligencias previas contra tres técnicos de Bidegi y «lo hace con la firme voluntad política de que el proceso cuente con todas las garantías jurídicas».

EH Bildu pidió ayer a Diputación «una aclaración urgente sobre su comportamiento» en este caso y que explique si «se han utilizado recursos públicos en la defensa legal» de personas imputadas. Considera que lo ocurrido es «preocupante, incomprensible y grave, puesto que la Diputación no puede ejercer la acusación y la defensa en el mismo caso».