El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acogió ayer la celebración del juicio por la demanda del comité de empresa contra el último ERE presentado por Celsa Atlantic para despedir a 80 trabajadores de sus plantas en Gasteiz y Urbina (antigua Laminaciones Arregui).

Durante la sesión, el abogado de la defensa sostuvo que en el proceso ha habido por parte de la empresa una vulneración de derechos fundamentales, ya que los trabajadores despedidos han sido «seleccionados» por la dirección en función de su adscrición sindical.

Según defendió, la actividad en las plantas de Laminaciones vive una situación de «parada técnica» no por la situación del mercado, sino «por la situación de conflicto» que se vive en ella dada la actitud de la empresa, que ha llevado a los trabajadores a acudir a los juzgados «para todo».

La empresa negó que el último ERE sea un «montaje» para volver a despedir a los trabajadores que debían ser readmitidos por sentencia judicial y lo enmarcó en un «plan de viabilidad» para «sacar adelante» a la compañía que, en su opinión, atraviesa una situación «de emergencia», con pérdidas acumuladas de 500 millones de euros desde 2009.

El abogado de la firma argumentó que el ajuste de plantilla está motivado por el abandono de la producción de fleje, «que generaba pérdidas», y afirmó que los criterios aplicados para seleccionar a los despedidos han sido «neutros».

Fuentes de la empresa destacaron, además, la coincidencia con el Ministerio Fiscal de que no existen en este caso «lesiones a los derechos fundamentales de libertad sindical y de tutela judicial efectiva», aunque puntualizaron que «habrá que esperar a conocer la sentencia judicial».