Volvemos a la duda metodológica sobre las televisiones de titularidad pública. Parecen retornar los argumentos de que una buena televisión pública, independiente, sin presiones de anunciantes ni de gobiernos de turno ayudaría a descargar el ambiente contaminado de los medios de comunicación de trinchera que impera actualmente como estigma de una descomposición democrática imparable. Y los que llevamos pensando en estos asuntos desde antes del diluvio, seguimos atrapados en las dudas, sin encontrar respuestas globales a preguntas previas singulares.

No insistimos con la retórica porque estamos ante hechos muy concretos. Grecia, donde el gobierno actual recuperó parcialmente la televisión pública cerrada hace unos meses por el anterior gobierno, y Valencia, donde el gobierno de coalición actual quiere volver a poner en marcha Canal 9 y se encuentra con problemas estructurales, financieros, de modelo y de urgencia. Porque en una situación tan grave económicamente, ¿son una prioridad de qué índole los medios de comunicación públicos que requieren de un presupuesto bastante significativo para su normal funcionamiento?

Las últimas elecciones autonómicas en el Estado español, además del caso valenciano, que es de lo más escandalosos junto a lo de Telemadrid, sin olvidarnos de que ETB y la catalana TV3 son descaradas herramientas partidistas que aparentan no tener más problemas financieros que los justos, recortados y asumidos, está provocando cambios de direcciones en los entes de muchas comunidades que genera unas expectativas que no acaban por convertirse en credibilidad. Es el gran problema. La gente no se las cree. Y con motivos más que sobrados. Las programaciones son comerciales, no tiene vuelo institucional y entonces vuelven las dudas metodológicas.