Cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de la masacre contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, el informe elaborado por los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos echa por tierra la «verdad histórica» sostenida por la Procuraduría General de la República: constata que es científicamente imposible que los 43 jóvenes hubieran sido incinerados en el vertedero de Cocula y da por probada la presencia de la Policía Federal y el Ejército en distintos momentos y escenarios de los ataques, algo que el Ejecutivo negaba.

El ya de por sí cuestionado Gobierno de Enrique Peña Nieto vuelve a quedar ante el mundo con el culo al aire y se hace más urgente, si cabe, el procesamiento del ex fiscal general Jesús Murillo Karam, por ser el principal valedor, aunque no único responsable, de la «mentira histórica» inventada de forma deliberada y aireada públicamente.

De forma deliberada, digo, porque los expertos que han participado en la investigación no contemplan ni como mera hipótesis el grueso de esa verdad oficial, otrora defendida de forma tan vehemente y que hoy ha quedado reducida a cenizas.

No cabe duda de que las conclusiones del informe suponen un espaldarazo para la titánica lucha de los familiares de los normalistas, pero no se puede bajar la guardia, ya que la movilización ciudadana y la presión internacional siguen antojándose claves para seguir dando pasos hacia la verdad y la justicia. ¡Seguimos, seguiremos!