El delegado de las FARC-EP en La Habana Pablo Catatumbo exigió ayer al Estado la puesta en marcha de «una estrategia efectiva» para acabar con el paramilitarismo. Denunció la existencia de una campaña de guerra sucia contra la izquierda y movimientos políticos como el Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, así como la presencia de paramilitares en áreas rurales. Citó el atentado contra el candidato a la Alcaldía de Los Palmitos por la Unión Patriótica, Hugo Sánchez, y las detenciones de otros dos candidatos de este movimiento político.

«Los señalamientos cubren a todo el campo popular. Más de un centenar de militantes del Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica han sido asesinados y cerca de 600 militantes están en prisión. Asimismo, persisten las amenazas contra activistas humanitarios y dirigentes sindicales», remarcó.

Recordó que en lo que va de año han muerto 69 defensores de derechos humanos y el hallazgo el viernes del cuerpo sin vida de la hija de un dirigente sindical. La joven tenía 19 años.

Denunció también que el pasado miércoles presos condenados por paramilitarismo atacaron en la cárcel Eron Picota de Bogotá al preso de las FARC John Jairo. La delegación de paz de la guerrilla reclamó el establecimiento de patios y pabellones específicos para los presos guerrilleros para así «aminorar los riesgos personales y evitar caer en las continuas provocaciones montadas por los enemigos de la paz que buscan dinamitar el proceso de La Habana».

«Ante estas realidades que dificultan la transición a una Colombia en paz», Catatumbo advirtió de que «es imposible la concreción de una paz estable mientras persistan el paramilitarismo y la guerra sucia».

Acuerdo sobre justicia

El viernes, en el inicio de un nuevo ciclo de conversaciones, el jefe negociador, Iván Márquez, informó de que junto a la delegación del Gobierno han comenzado el estudio sobre el esclarecimiento y desmonte del paramilitarismo, que «no podrá quedar gravitando como amenaza de guerra sucia sobre la firma del acuerdo».

Asimismo, aseguró que están a «las puertas» de lograr un acuerdo en materia de justicia como parte de «un novedoso sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición». Aclaró que no pretenden «negociar impunidades», pero tampoco agacharán «la cabeza frente al derecho penal del enemigo. Queremos construir fórmulas consensuadas».

Afirmó también que «el entendimiento avanza en el terreno del cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo».