El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado el recurso que presentó el delegado del Gobierno español, Carlos Urquijo, contra la anterior Diputación de Gipuzkoa por convocar la consulta sobre la desanexión de Igeldo en 2013.

El fallo es firme y contra él no cabe recurso alguno. La representación estatal es condenada al pago de las costas y la sala introduce aquí incluso una alusión critica a que «no puede considerarse seriamente fundada la discusión sobre las competencias de los órganos forales» que planteaba Madrid.

Los argumentos de la Abogacía del Estado son rechazados uno tras otro. Urquijo argumentó, por ejemplo, que la Diputación no era competente para regular consultas populares municipales, que no se pidió autorización previa al Gobierno español y que esta consulta fue un mecanismo de participación directa que quería suplantar de facto a un referéndum.

Frente a ello, el TSJPV sostiene que el acuerdo del Consejo de Gobierno que dio paso a la consulta «constituye un acto de gobierno o administración de esa entidad en el ámbito de sus competencias sobre demarcaciones territoriales».

La consulta se celebró con una alta participación (637 de los 833 vecinos mayores de 16 años con derecho a voto), y deparó una clara victoria (más del 60%) de la desanexión. Sin embargo, el decreto consiguiente fue suspendido por el TSJPV.