Aranburu compareció en comisión parlamentaria, a petición propia y de UPN, PSN y PP, para exponer las líneas de trabajo que va a seguir con el objeto de cumplir el acuerdo programático.

En su intervención, se mostró partidario de abordar una reforma fiscal, convencido de que «todos los navarros son iguales, libres y con los mismos derechos, pero para eso es necesario que los que más tienen den un poco de esa parte en favor de los que menos tienen».

Señaló que desde hace varias semanas trabajan sobre la modificación de la ley foral general tributaria para mejorar recursos en la lucha contra el fraude y la economía sumergida. Respecto a la modificación del IRPF, se contempla incrementar el tipo marginal de la tarifa general del impuesto en un punto desde los 40.000 euros de base y hasta en dos desde más de 100.000 y la supresión a futuro de la deducción por vivienda.

En relación con el Patrimonio, mencionó, entre otras cuestiones, una reducción del mínimo exento de 800.000 a 550.000.

Sobre el impuesto de Sociedades, comentó que hay que «revisarlo de forma casi integral», aunque adelantó que las SICAV perderían su régimen especial.

Además, trasladó su oposición a la actual exención de la iglesia por propiedades no dedicadas al culto y el apoyo a las entidades locales en la recuperación de bienes inmatriculados indebidamente por la iglesia católica.

Sobre el convenio económico, dijo que es «una buena ocasión para una reflexión en profundidad» con el fin de revisar aspectos como el cómputo de las cargas no asumidas o los ajustes a la recaudación por imposición indirecta.

Avanzó que uno de los temas que quiere cerrar ya es lo relativo al IVA de Volkswagen, y mostró su sorpresa por que «en plena crisis y con una grave caída de ingresos», la aportación navarra haya pasado de 490 millones en 2008 a 590 millones de 2015. «La aportación nos lleva 17 euros de cada cien del presupuesto», explicó.

Añadió que abrirán un debate sobre la asunción de nuevas competencias regulatorias en el marco de la imposición indirecta y anunció un marco de relación estable en materia tributaria con el resto de haciendas vascas. A preguntas de los parlamentarios, precisó que el Gobierno no ha renunciado a la renta de inclusión social y dijo que se va a eliminar la Ley de impuestos a grandes superficies.