La Ley Maroto decaerá hoy en el Parlamento cuando su promotor ya se ha marchado. Tampoco es alcalde de Gasteiz. Utilizó personalmente en precampaña la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular que proponía endurecer el acceso a la RGI para los inmigrantes. Y en campaña, el céntrico local cedido a “Ayudas más Justas” se convirtió en el aparcamiento de la propaganda rodante de su candidatura. PNV, EH Bildu y PSE van a votar en contra de la iniciativa de Javier Maroto, por considerarla injusta y de trasfondo xenófobo, además de observar un uso fraudulento de la figura de la ILP.

Hace poco más de un año el entonces alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, inició una campaña en torno a la RGI, acusando a los magrebíes de vivir de estas ayudas sin ninguna intención de trabajar. Aquellas declaraciones le supusieron la reprobación del resto de grupos del Ayuntamiento, pero su equipo creyó ver en ello un filón para las elecciones que se acercaban.

Por eso, junto a un grupo de simpatizantes del PP, pusieron en marcha una Iniciativa Legislativa Popular que, sobre la base de un proyecto presentado por el propio Maroto, inició una recogida de firmas. Se presentaron 39.948 de las que la Junta Electoral certificó que 37.343 correspondían con personas verdaderamente censadas.

Desde un inicio, el Gobierno de Lakua y los principales grupos de la Cámara aseguraron que no iban a aprobar un proyecto que restringe derechos y castiga a los más necesitados. La parlamentaria del PP, Laura Garrido, pidió ayer a los grupos parlamentarios que «reflexionen» porque «no pueden desoír la voz de más de 40.000 ciudadanos que claramente creen que hay que cambiar un sistema que tiene injusticias, deficiencias y situaciones abusivas que hay que atajar». Hay que recordar que la Ley que el PP denuncia fue aprobada con su voto y fue precisamente Laura Garrido quien la defendió en su día en el Parlamento.

PNV, EH Bildu y PSE se mantienen firmes y votarán hoy en contra. Los jeltzales ya anunciaron en julio que, desde el «respeto a los firmantes», no iba a apoyar un proyecto que propone «restringir el sistema de protección social, único en el Estado y equivalente al de los países más avanzados de Europa». Eva Blanco, de EH Bildu, aseguró que «la ley no ampara las iniciativas legislativas que buscan anular derechos económicos y sociales, y mucho menos todavía las que son impulsadas de forma fraudulenta por un partido político». El portavoz del PSE, José Antonio Pastor, denunció que asistimos a un «falso debate de trasfondo xenófobo».

Pensionistas defraudados

La reforma de la Ley de la RGI que en su día apoyó el PP suponía reducir un 7% su cuantía. Unos 50 euros para los pensionistas que accedían a esta ayuda. En vísperas de las elecciones, Javier Maroto anunció que el Ayuntamiento de Gasteiz pagaría esa cantidad a quienes lo solicitaran para completar la pensión. Maroto publicitó que al menos 1.280 pensionistas podrían beneficiase de esa ayuda. Pasadas las elecciones, apenas ha llegado a 179 personas.

Maroto también denunció que hay pensionistas que no puedan cobrar la RGI por tener un terrenito en su pueblo, pero cuando el Parlamento propuso corregirlo, no lo apoyó.

Una iniciativa que endurece la ley y no corrige el fraude, impulsada por un defraudador

El texto de la ILP fija como principal objetivo «suprimir el fraude y los abusos» en la prestación de la RGI, pero en los artículos que propone modificar no se contempla ninguna medida que garantice un mayor control o corrija las deficiencias que pudieran haberse observado en el actual funcionamiento. Las medidas se centran en el endurecimiento del acceso al cobro de RGI, para lo que se exige tener «residencia legal según las disposiciones aplicables en extranjería» y un empadronamiento de cinco años en la CAV. La propuesta niega acceso a la RGI a quienes tengan antecedentes penales por delitos de terrorismo, homicidio, maltrato, delitos sexuales, tráfico de drogas, hurtos y robos. Con esa medida, si un malversador o evasor fiscal es condenado y sale de prisión arruinado, podrá cobrar ayudas sociales que se negarían al resto de expresos.

La ILP se registró el 28 de noviembre. Javier Maroto acompañó a los impulsores de la iniciativa, “Ayudas más Justas”, cuyo portavoz, Patxi Gómez, reconoció ante los medios que el núcleo que su propuesta era la realizada unas semanas antes por Maroto, y que su grupo se había encargado de «coger el guante que había lanzado el alcalde de Vitoria».

Un mes después, GARA desvelaba que Patxi Gómez es un empresario acusado del cobro indebido del paro y con varias citaciones públicas por impagos a la Seguridad Social. Al día siguiente de publicarse la información el portavoz de “Ayudas más Justas” dejó su cargo. Luego, Javier Maroto trató de justificarlo diciendo que había cometido «un error». Pero según un tuit de Patxi Lazcoz, entonces concejal del PSE, desde los pasillos de alcaldía se oía «me estás haciendo pasar por un imbécil por tu fraude».I.I.