El diputado de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, Jabier Larrañaga, compareció ayer en las Juntas Generales para informar del proyecto de Norma foral de reforma del Impuesto de la Riqueza y las Grandes Fortunas (IRGF), que el nuevo Gobierno foral plantea con carácter retroactivo con el fin de «eliminar aquellos puntos que perjudican la promoción económica».

Señaló que el actual modelo, que contabiliza como patrimonio personal el 25% del valor de las participaciones en la empresa –el 75% está bonificado–, «perjudica claramente la promoción económica». Reiteró que este impuesto supone el 1,6% de la recaudación, por lo que consideró necesario «centrar los esfuerzos» en el IRPF y el IVA, que suponen el 65% y que son figuras «relacionadas con el empleo y la economía». Por ello, aseguró que la reforma «estimulará la creación de empleo de calidad».

El portavoz de EH Bildu, Xabier Olano, señaló que es «falso» que este gravamen condicione la promoción económica y le recordó que en el año y medio en que ha estado vigente en Gipuzkoa no se ha producido ningún perjuicio a la recaudación de IRPF e IVA, mientras en Bizkaia, donde no existe este impuesto,«no se han cumplido las previsiones de recaudación».

Tras denunciar que la exención no afecta a los trabajadores que tienen participaciones en sus empresas, Olano aseguró que «si se ha presentado la reforma es para beneficiar a los empresarios y a los más ricos». El diputado reconoció que el impuesto dejará escapar 964 contribuyentes y que la recaudación disminuirá ligeramente, en 62.000 euros.

Larrañaga matizó ayer sus declaraciones sobre el «escaso» volumen recaudatorio del IRGF –66 millones–, algo que agradeció el representante de EH Bildu, si bien la representante del PNV, Maria Eugenia Arrizabalaga, fue la encargada ayer de quitarle valor e incluso ridiculizarlo, al referirse a él como un impuesto con nombre «pomposo y revolucionario».

El PSE, que apoyó el IRGF en la pasada legislatura, no quiso hacer preguntas y se limitó a decir que desea un Impuesto de Patrimonio «poderoso y progresivo» en el ámbito estatal.

Las discrepancias ente Olano y Larrañaga se repitieron en el segundo punto de la reforma, referido al cambio en el criterio de valoración de los bienes inmuebles, ya que la Diputación propone ahora utilizar solo el valor catastral, eliminando el sistema actual, que emplea el más alto de entre el valor de adquisición, el catastral y el calculado por Hacienda. Xabier Olano reprochó a Larrañaga que utilice un catastro «que está sin actualizar desde 2001», y que no tengan en cuenta el trabajo efectuado por los técnicos de la propia Hacienda para conseguir unas valoraciones actualizadas.

El tercer punto de la reforma recoge la ampliación de los tramos del impuesto, de cuatro a cinco, y la subida de tasas para el más alto –más de 10 millones–, que pasa del 1% al 1,5%. Tanto Podemos como EH Bildu se mostraron de acuerdo con ello, aunque Olano recordó que con el 1% «tuvimos que escuchar, una y otra vez, que teníamos afán recaudatorio».

Olano pidió asimismo detallar el efecto que tendría en la recaudación cada uno de los cambios propuestos, a lo que Larrañaga señaló que no disponía de datos, aunque reconoció que los dos primeros tendrían un efecto negativo.

Larrañaga anunció que estos cambios son solo el inicio de una reforma más amplia, que modificará el nombre del impuesto y que pretende lograr, dijo «un Impuesto de Patrimonio moderno y armonizado»

Aranburu asegura que Nafarroa ejercerá su potestad tributaria

El consejero de Hacienda, Mikel Aranburu, aseguró ayer que la reforma fiscal pretende «ejercer la potestad de Nafarroa para establecer su propio régimen tributario», y avanzar en el espíritu de «progresividad e igualdad».

En una comparecencia ante el Parlamento foral, subrayó que la futura reforma fiscal «va a afectar a unos contribuyentes en unos sentidos, y a otros en otro», pero que «no va a ser gravosa para todos, tal y como se está afirmando».

El consejero calificó la reforma como socialista, «en el sentido más estricto de la palabra», y manifestó que «se pedirá un esfuerzo al que más tiene, pero será en beneficio de los demás».

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, se mostró preocupada por las empresas, al considerar que «tendrán peores condiciones impositivas que las del entorno» y que «estarán en desventaja». También ha señalado que la reforma «afectará a todas las rentas en el IRPF», y que el de Patrimonio «será el impuesto más gravoso de toda España».

A preguntas del portavoz de Izquierda-Ezkerra, José Miguel Nuin, el consejero informó de que el coste recaudatorio en el año 2015, como efecto de la anterior reforma, fue de 101.914.870 euros. Nuin señaló que fue una reforma «negativa para la mayoría de la sociedad y buena para las grandes empresas y rentas altas» y que el actual proyecto trata de revertir esa pérdida de recaudación. GARA