El Gobierno foral quiere obviar las repercusiones del «caso Bidegi»
Junteros de EH Bildu de Gipuzkoa han solicitado al juez que lleva «el caso Bidegi» personarse como acusación popular para evitar que la Diputación oculte información. El Ejecutivo foral considera que se trata de «un ataque contra las diferentes instituciones y contra las personas», a pesar de que el supuesto fraude asciende a 30 millones de euros.

Para evitar que el Gobierno foral de PNV-PSE oculte información sobre el «caso Bidegi», cuatro junteros de EH Bildu solicitaron el pasado 25 de setiembre al juez que lleva el caso en el tribunal de Azpeitia personarse como acusación popular. Se trata de Judit García, Iban Asenjo, Jon Albizu e Inko Iriarte. El letrado que los representará es Luix Barinagarrementeria, el mismo que hasta hace unos meses había defendido los intereses de la Diputación de Gipuzkoa en este caso y, por lo tanto, buen conocedor del mismo.
En una comparecencia ofrecida ayer, y tal y como adelantaron previamente NAIZ y GARA, «la falta de fiabilidad demostrada» en esta proceso por el Ejecutivo de Markel Olano –por cierto, citado a declarar en calidad de testigo junto al actual alcalde de Donostia, Eneko Goia– les ha empujado a tomar esta decisión. Además, según revelaron, en el seno del Consejo de Administración de Bidegi, empresa pública que explota las vías guipuzcoanas, ya se han tomado varias decisiones que apuntan en esa dirección.
Concretamente, el pasado lunes, tres trabajadores que no están implicados en las investigaciones y que fueron contratados la pasada legislatura mediante concurso público fueron despedidos. Se trata de un jurista, del responsable de personal y servicios, y del responsable económico. Ese mismo día, una de las imputadas en el caso fue nombrada responsable de una obra. Se trata de Mirari Azurmendi, actualmente concejala del PNV en Usurbil. EH Bildu desconoce cómo se han justificado los ceses y la designación.
La reacción de la Diputación no tardó en llegar. Imanol Lasa, portavoz del Ejecutivo, lo situó en «estrategias del pasado propias de la izquierda abertzale contra las diferentes instituciones y contra las personas» que el Gobierno foral «no va a tener en cuenta».
Pasando por alto que las dos querellas admitidas a trámite por el juez suman un montante de 30 millones, presuntamente malversados, Lasa añadió que el Ejecutivo está «gestionando el presente y el futuro de la sociedad», mientras que EH Bildu «plantea debates del pasado».

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