La querella criminal contra el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, por prevaricación, ya tiene juez instructor que ha dado traslado a la Fiscalía de la iniciativa de los abogados que habitualmente defienden a los presos vascos. La letrada Jone Goirizelaia explicó ayer en rueda de prensa en Bilbo que están a la espera de la resolución del Supremo.

Goirizelaia –que compareció junto a Alfonso Zenon, uno de los imputados por Velasco– explicó que acusan al juez de atribuirles «con absoluta falsedad delitos inexistentes» y practicar una «detención ilegal», puesto que los letrados «estaban a disposición de la justicia, habían comparecido en el procedimiento y planteado que iban a comparecer en cualquier momento que fueran llamados».

En el auto dictado en enero pasado, Eloy Velasco acusó a los abogados de fraude fiscal, al defender que no habrían ingresado cantidad alguna en Hacienda «en concepto de cuota de IVA». La defensa desmonta esa imputación y otras, que las atribuye a un informe de la Guardia Civil que se sustenta «única y exclusivamente» en el modelo tributario 347 presentado por esos profesionales en Hacienda. Ese documento, aclaró Goirizelaia, tiene solo «carácter informativo», donde no se declaran ingresos y gastos de más de 3.000 euros de cada cliente o proveedor.

Por tanto, añadió, no se han analizado ni sus declaraciones del IVA ni los impuestos de Sociedades, pese a que se encuentran en poder del instituto armado y del juzgado. Incidió en que ambas instancias han solicitado «en dos ocasiones» a las haciendas forales los datos de carácter económico y fiscal de los abogados y de las sociedades en donde ejercen su actividad juridica. Además, hace dos meses, solicitaron al propio juez Velasco como prueba un informe pericial de las haciendas y todavía no les ha respondido.

«Es absolutamente falso»

Según explicó Jone Goirizelaia, través de las cooperativas Larrun Abokatuak, Noain Abokatuak y Zugarrondo Abokatuak, y el abogado que lo hace de modo individual, se abonaron a las arcas forales 62.831 euros en 2012 y 69.778 en 2013 en concepto de IVA y otros tributos. «Es absolutamente falso que no hayan ingresado ninguna cantidad a Hacienda», manifestó, al tiempo que recordó que no hay delito fiscal. «Para que pueda haber un delito de estas características, cada persona y para cada delito tiene que defraudar al año 120.000 euros», expuso.

«No existe fraude fiscal –reiteró–, y, por consiguiente, tampoco blanqueo de capitales, pues este blanqueo consistiría en utilizar las cantidades no ingresadas en Hacienda».

Denunció que «se trata de imputaciones no ajustadas a derecho, falsas, llevadas a cabo con el fin de criminalizar las actividades de los abogados para poder iniciar acciones contra ellos en el marco de este procedimiento, sin importar la verdad de los hechos y sin una investigación justa y no arbitraria».

Goirizelaia señaló que el juez no ha efectuado una sola actuación para acreditar los delitos imputados. En julio, precisó, Velasco solicitó a la Agencia Estatal Tributaria la designación de peritos para tratar de acreditarlo. A pesar de ello, también en julio, el Supremo, a instancia de Velasco, abrió un procedimiento contra el abogado y senador Iñaki Goioaga por los mismos delitos que se imputan al resto de los letrados. El 2 de diciembre comparecerá ante el TS.

 

Piden la libertad de Enparantza y Zulueta

El procedimiento contra los abogados forma parte de un macrosumario en el que se ha imputado a decenas de personas que defienden los derechos de los presos en organizaciones como Etxerat y Jaiki Hadi, decretando la suspensión de actividades de Herrira. Por esa causa llevan en prisión cerca de dos años Arantza Zulueta y Jon Enparantza, arrestados cuando se actuó contra el Grupo de Mediadores de EPPK.

Ayer, Jone Goirizelaia y Alfonso Zenon volvieron a exigir la libertad de sus compañeros. Recordaron que ambos letrados están dispersados en las cárceles de Puerto de Santa María y Segovia, respectivamente, y se encuentran en régimen de «aislamiento extremo».

No son las únicas personas presas para los que demandaron la libertad inmediata. En enero se detuvo a doce letrados y a otras personas que trabajaban en la solidaridad con los prisioneros políticos vascos, de los cuales dos –Javier Carvallido y Jon Mintegiaga–permanecen todavía presos. A.G.