Suele ser el consejero de Hacienda el encargado de defender el proyecto de presupuesto gubernamental en su primer debate en pleno. Pero ante su baja médica, ayer fue el lehendakari quien asumió en persona la defensa de las cuentas públicas. En ausencia de Rikardo Gatzagaetxeberria, siempre puntilloso hasta el último dato, la presencia de Iñigo Urkullu en la tribuna de oradores invitaba a pensar en un discurso más político que contable, teniendo además en cuenta que se trata del último presupuesto de esta legislatura.

No fue así. Es cierto que Urkullu destacó el valor de la estabilidad y agradeció el apoyo del PSE, concediéndole además que sus enmiendas habían servido para «mejorar el proyecto». También dedicó un instante a subrayar el valor «del Concierto Económico y el principio de responsabilidad fiscal entre las Administraciones vascas, que son –dijo– el principal instrumento de cohesión social y garantía de las políticas vascas en Euskadi». Pero acto seguido comenzó el relato de un catálogo de buenas intenciones y números –leyendo hasta los epígrafes que iba a desgranar– de difícil seguimiento para cualquiera que le escuchara.

Cerró su intervención pidiendo la confianza del Parlamento «para afianzar la estabilidad de nuestro país. La necesitamos para seguir creciendo, crear empleo de calidad y afrontar con mayores garantías el futuro».

Enmiendas a la totalidad

El primer grupo de la oposición en presentar su enmienda a la totalidad fue el PP. Antón Damborenea aseguró que el Gobierno podía haberse ahorrado estos presupuestos, pues son los mismos del año pasado, con la salvedad de que los 300 millones más de ingresos se destinan a pagar deuda y a subir un 1% e salario de los trabajadores de la Administración. Criticó con dureza el apoyo del PSE –al que llamó irónicamente Partido Solidario por Excelencia– a un proyecto que mantiene los recortes anteriores (que el PP apoyó en su día). Además, aseguró que coincidía con el lehendakari en que la economía de la CAV mostraba una tendencia positiva, pero lo encuadró en que «la economía española» va bien gracias a las políticas del Gobierno del PP.

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, criticó que estos presupuestos son «muy buenos para el PNV y el PSE pero muy malos para los ciudadanos».

A ambos les contestó desde el PNV Josune Gorospe, que intentó mostrar con datos que la CAV está mejor que comunidades gobernadas por el PP

La enmienda a la totalidad de EH Bildu la defendió Marian Beitialarrangoitia, quien alertó de que los presupuestos consolidan los recortes y agravan la brecha social. Y añadió que la austeridad y despreciar los mandatos del Parlamento no son la vía para la cohesión social y el desarrollo económico.

Frente a quienes muestran estadísticas sobre el porcentaje de gasto social, Beitialarrangoitia insistió en que la evidencia es que las necesidades siguen siendo mayores que los presupuestos y que para corregir eso, además de cambiar las prioridades, hay que aumentar los ingresos en base a la política fiscal. La parlamentaria de EH Bildu recordó el contraste entre la Ley de Vivienda aprobada y un próximo desahucio en Gasteiz.

A EH Bildu le respondió por el PNV Joseba Egibar, con un tono más político.

Susana Corcuera destacó que el PSE ha mejorado unas cuentas que sin ser las suyas, son positivas para la ciudadanía.

Concentraciones de protesta en el exterior del Parlamento

Plataformas como Stop desahucios, IRPH Stop Gipuzkoa, asociaciones de jubilados y pensionistas, Pobreza cero, Afectados por Lanbide, ESK, LAB, así como cargos de EH Bildu, Podemos, Irabazi y Ezker Anitza, todos ellos firmantes del “Decálogo contra los desahucios, la pobreza y la desigualdad”, se concentraron en el exterior del Parlamento para mostrar su rechazo a los presupuestos.

Denunciaron que el proyecto de PNV y PSE «mantiene los recortes en las prestaciones sociales realizados los últimos años y congelan» el presupuesto en ayudas sociales. Además, alertaron de que el derecho subjetivo a la vivienda «se sustituye por una subvención de dos millones de euros», lo que se sitúa «lejos de los 60 millones de euros» que se consideraban necesarios para desarrollar la Ley de vivienda.

ELA, por su parte, celebró ayer en Gasteiz una asamblea con más de mil delegados, que después se manifestaron también hasta el exterior del Parlamento. Su secretario general, Adolfo Muñoz, aseguró que «no es verdad que los recortes se decidan en Madrid. En absoluto». «En Gasteiz –afirmó– se nos dice ‘esto es lo que hay’ y en Iruñea, el Gobierno del ‘cambio’, nos explica que ‘se debe cumplir el déficit’. Dicen y hacen lo mismo». «Txiki» Muñoz fue muy crítico con todos los ejecutivos, incluido el de la anterior Diputación de Gipuzkoa.GARA