El 26 de setiembre del 2012 fuimos testigos de la enésima ocasión en que, policías pertrechados y armados con armas más acordes a una situación de conflicto bélico hicieron un uso desproporcionado de su fuerza y violencia, en esta ocasión contra una multitud que protestaba de forma pacífica ante los recortes sociales que los gobernantes estaban practicando por aquel entonces ante la crisis.

Aingeru Zudaire, un nombre más, un joven más que hasta ahora cierra la lista de personas que han sufrido directamente una agresión con consecuencias físicas y psicológicas graves. En este caso, como en muchos otros que le preceden, un pelotazo disparado por un policía con su lanza pelotas antidisturbios-antipersonas fue el causante de las lesiones a las que hoy debe de hacer frente.

Tres años han transcurrido desde que perdiera la visión de uno de sus ojos por el brutal impacto, producido por el disparo de una pelota de goma por parte de un Policía Nacional, que bien pudiera haber acabado con su vida. Desgraciadamente, un caso similar mató a Iñigo Cabacas, aficionado del Athletic, en las celebraciones posteriores a un partido de fútbol en Bilbao unos meses antes.

No son hechos casuales o excepciones provocadas por la mala suerte. Estos solo son la punta del iceberg de una larga lista. Existen otros casos más alejados en el tiempo, pero no por ello menos graves e impactantes. Son rostros con nombre y apellido y una historia de sufrimiento detrás. Muchos casos ni siquiera han sido denunciados, bien por el largo y tortuoso camino a recorrer y con pocas esperanzas de lograr un final gratificante, o incluso por miedo a que el propio denunciante acabara siendo el acusado. Son decenas, cientos, las personas anónimas que han sido objeto de agresiones físicas por parte de la Policía en Navarra. Solo por sacar a relucir algunos casos en los que las secuelas que les provocaron fueron irreparables, nombremos tres de ellos. Joanes Molina perdió un ojo por el disparo de un pelotazo en 1994; Mikel Iribarren, al borde de la muerte por el impacto de un bote de humo en 1991; el tercer caso, ocurrido en 1993, afectó al también vecino de Atarrabia Txuma Olaberri, que tras batirse entre la vida y la muerte y superar un coma, el pelotazo que recibió en la cabeza le dejó secuelas cerebrales irreparables para el resto de su vida.

Pero en este relato lo más grave es que, en la mayoría de los casos, la agresión ha quedado totalmente impune, no se ha resuelto, ni se ha condenado a nadie como responsable de lo sucedido. La pregunta que nos hacemos a continuación es ¿por qué? ¿Cual es la razón por la que prácticamente nunca las investigaciones, cuando las ha habido, han llegado a buen puerto? ¿No será que no existe la voluntad suficiente de responsabilizar a los culpables?

Hoy es el día en el que los precedentes nos pueden hacer pensar que el caso de Aingeru pueda correr la misma suerte y quedar en la más absoluta impunidad. Reclamar que se investigue hasta el final y se haga justicia se convierte en este momento en algo fundamental. También para resarcir de alguna manera las decenas de casos que quedaron impunes y a su vez corren el riesgo de formar parte del saco del olvido.

Pero mirar solamente al pasado, a lo que ocurrió, y meternos en una espiral que nos lleve al punto de partida sería perder una gran oportunidad. Conocer el pasado y señalar las injusticias nos debe servir para apuntalar el presente y construir un futuro en el que la sociedad se dote de los mecanismos adecuados que garanticen que no vuelva a suceder.

En ese sentido, debemos acertar a la hora de apuntar cuales son las razones que han permitido el uso de la fuerza contra la población y así poder proponer soluciones válidas y eficaces. Es en este punto, donde hay que decir alto y claro que el modelo y los criterios que rigen y articulan el funcionamiento y actuación de las diferentes policías que actúan en Navarra, son las razones que han propiciado, creado y facilitado el clima y el contexto idóneo para que estas policías sigan teniendo manga ancha a la hora de utilizar la violencia contra la población, sin temor a ser juzgados y castigados por ello.

Estos deberían de ser motivos suficientes como para tomar cartas en el asunto y tomar las decisiones necesarias para que en el futuro el funcionamiento y actuación de las policías que vayan a actuar en Navarra pivoten sobre la defensa estricta de los derechos humanos de la ciudadanía y garanticen el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos.

Ahora en Navarra, donde se respiran aires de cambio, es momento también de hacer notar el cambio en cuestiones tan fundamentales como la que estamos subrayando. En nuestras manos está, en manos de la ciudadanía, reclamar decisiones políticas con ese propósito, para que Aingeru Zudaire sea el último de esta nefasta lista.