El pasado 17 de diciembre, el Tribunal General de la Unión Europea aseguró que el sistema español de arrendamiento fiscal, conocido como «tax lease», era legal, y anulaba la decisión de la Comisión Europea que declaraba ilegal este sistema de ayudas.

En un artículo de opinión publicado recientemente, el director gerente del Foro Marítimo Vasco (FMV), Javier López de Lacalle, recuerda que hace dos años advirtió a Joaquín Almunia –excomisario de la Competencia y vicepresidente de la UE– de que el sistema «tax lease» era legal y «no contravenía ninguna norma comunitaria».

Entonces, y a través de un escrito de opinión, López de Lacalle conminó a Almunia «a que bajara de su nube, muy teórica, muy bonita, muy europeísta», pero «nada práctica ni real». Además, le pidió que «haciendo un ejercicio de sensatez pisase tierra», tuviera en cuenta «todos estos argumentos a la hora de tomar una decisión sobre el Tax Lease» puesto que «había precedentes de sentencias contra otros países de la UE, como Francia, que podrían ser aplicadas en este caso».

«Haciendo caso omiso, abrió expediente y dictó una sentencia durísima, contra el Tax Lease español, a pesar de repetirnos constantemente que la sentencia no afectará a los Astilleros ni a los armadores, solo a la banca y a los inversores», censura.

El director gerente del Foro Marítimo Vasco lamenta los efectos de su «injusta, arbitraria y bastante a la ligera decisión», que fueron «demoledores para el sector» y que conllevaron «años de caminar por el desierto sin una estructura financiero-fiscal que nos permitiera competir en el mercado internacional». Todo ello, asegura, «significó pérdidas de contratos, armadores que se fueron a construir a otros astilleros, pérdida de empleo en astilleros y empresas de la industria auxiliar, cierre de unas 30 empresas de tubería, soldadura, calderería, tubería o mecanizado».

«Parecía imbuido más de un espíritu de defensa del europeísmo a ultranza y más preocupado de sancionarnos injustamente a los europeos del sur, a pesar de nuestros argumentos legales, que de defender a la industria naval europea», señala.

Mecanismos compensatorios

«¿Y ahora qué, señor Almunia? El daño ya está hecho y es irreparable, ¿quién se responsabiliza de tamaño desaguisado?, ¿cómo compensamos a esas 30 empresas vascas que tuvieron que cerrar, y a sus trabajadores despedidos?, (...) o ¿cómo compensamos la pérdida de prestigio y reputación de nuestra industria, durante todos estos años, que su sentencia generó?», pregunta López de Lacalle.

En su opinión, la UE «debería reconocer su equivocación» y poner en marcha «mecanismos compensatorios que palien y compensen el daño sufrido injustamente, para recuperar el prestigio, la imagen y la reputación que hemos tenido en el mundo desde tiempos ancestrales, primero a nivel personal como gente seria y formal, y segundo, a nivel industrial como una industria que es competitiva y capaz de construir buques innovadores y tecnológicamente avanzados».

Ello debería ir acompañado de «medidas de apoyo específicas que propicien o faciliten» contratos a la industria naval vasca, y que permita «recuperar el aliento y el pulso industrial perdido durante todos estos años».

También reclama medidas para «recuperar el tejido industrial de astilleros e industria auxiliar», así como «planes de formación para recuperar el conocimiento que se perdió, a la vez que medidas sociales, económicas y otras, que compensen esa deuda». A su juicio, aunque «el daño está hecho y es irreparable», advierte de que, «aun así, estudiaremos las posibles acciones legales que traten de compensar tanta injusticia».

«Estamos convencidos, señor Almunia, de que la UE tiene una deuda con la industria naval vasca y española, que su sentencia generó», concluye.