Oxfam sostiene que la brecha entre ricos y pobres está alcanzando nuevas cotas y para reforzar esta tesis recuerda que, recientemente, el Grupo Credit Suisse –una compañía privada de servicios financieros– ha revelado que el 1% más rico de la población mundial acumula ya más riqueza que el 99% restante. De ahí que el informe presentado ayer por la citada confederación de organizaciones que trabajan «por un mundo justo y sin pobreza» lleve el significativo título de “Una economía al servicio del 1%”.

Esta ONG ya predijo en 2015, en vísperas del Foro Económico Mundial de Davos –cuya próxima edición se inicia mañana mismo–, que se llegaría a esta situación, aunque asume que la cifra en cuestión se ha alcanzado un año antes de lo que esperaba y resalta que, según datos del pasado ejercicio, solo 62 multimillonarios acumulan la misma riqueza que los 3.600 millones de personas más pobres. Además, la riqueza en manos de esta mitad más pobre de la humanidad se ha reducido en un billón de dólares a lo largo de los últimos cinco años.

La desigualdad extrema ha alcanzado cotas «insoportables», advierte la organización, que llama a actuar sobre estas diferencias «para combatir con éxito la pobreza». Mientras el 50% de la nueva riqueza generada desde comienzos de siglo ha ido a parar a los bolsillos del 1% privilegiado, la mitad más pobre de la población apenas ha mejorado; solo les ha llegado el 1% del incremento total y, desde 2010, ha perdido más de un billón de dólares (un 41%).

Dicho con otras palabras y otros números, los ingresos medios anuales del 10% más pobre han aumentado menos de 3 dólares al año durante el último cuarto de siglo, lo que supone que, anualmente, ni siquiera llegan al centavo de dólar de crecimiento.

Advierte también Oxfam de que la desigualdad económica debilita el crecimiento y la cohesión social en términos generales, aunque subraya que son los más pobres quienes sufren sus consecuencias.

No elude el debate con quienes defienden el statu quo afirmando que la preocupación por la desigualdad está impulsada por una «política de la envidia» y suelen mencionar la reducción del número de personas en situación de pobreza extrema como prueba de que la desigualdad no es un problema tan grave. «Están equivocados –replica rotundamente–. Oxfam es una organización cuya razón de ser es acabar con la pobreza y, como tal, considera que los enormes avances que han contribuido a reducir el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza extrema entre 1990 y 2010 son rotundamente positivos».

No obstante, calcula que, si la desigualdad no hubiese aumentado durante esos veinte años, ahora habría 200 millones de personas más fuera de la pobreza y la cifra podría llegar a los 700 millones si los desfavorecidos se hubiesen beneficiado del crecimiento económico más que la parte contraria.

El dinero también establece sus particulares diferencias por género en la parte más rica del mundo. Solo nueve de las 62 principales fortunas pertenecen a mujeres y únicamente hay 24 presidentas en las compañías de la lista Fortune 500.

Paraísos de pesadilla

«Es innegable que los grandes beneficiados de la economía mundial son quienes más tienen», constata en su informe la ONG, toda vez que considera que el sistema está «distorsionado» y favorece a ese reducido grupo de población.

Y quienes más patrimonio tienen no siempre quieren reconocer todo lo que ingresan. Una estimación reciente calcula en 7,6 billones de dólares el dinero oculto en paraísos fiscales, una suma superior al PIB conjunto de Gran Bretaña y Alemania, y que tiene «efectos dañinos para la humanidad».

Casi una tercera parte de la fortuna de los africanos más ricos, alrededor de 500.000 millones de dólares, se encuentran en paraísos fiscales, lo que podría suponer a los países de este continente pérdidas anuales de 14.000 millones en concepto de ingresos fiscales. Este dinero podría salvar la vida de cuatro millones de niñas y niños, y pagar los salarios de suficientes profesores para escolarizar a todo el continente.

Oxfam ha analizado 200 empresas –entre ellas, las más grandes del mundo– y ha concluido que nueve de cada diez tienen presencia en países considerados paraísos fiscales. En el año 2014, la inversión dirigida a estos estados opacos fue casi cuatro veces mayor a la registrada en 2001.

De dónde venimos

«El problema no es la falta de riqueza del mundo. Sencillamente, no es razonable ni desde el punto de vista económico ni, desde luego el ético, que haya tanto en manos de tan pocos». ¿Cómo y por qué hemos llegado a esta situación?, pregunta Oxfam. Esta es parte de su respuesta: «Una de las principales tendencias que subyacen tras esta enorme concentración de la riqueza y los ingresos es el aumento del rendimiento del capital frente al del trabajo. En casi todos los países más avanzados, y en la mayoría de los países en desarrollo, la participación de los trabajadores en la renta nacional se ha ido reduciendo, lo cual significa que se benefician cada vez menos del crecimiento económico. Por el contrario, los dueños del capital han visto cómo este ha ido creciendo de forma constante (a través del pago de intereses, dividendos o reservas) y a un ritmo significativamente más rápido que el crecimiento de la economía».

En cuanto al Estado español, Oxfam destacó que 20 personas tienen tanto dinero como el 30% más pobre de la población. El patrimonio de esas grandes fortunas se incrementó un 15% en el último año, mientras que la riqueza del 99% restante cayó un 15% en el mismo periodo.

 

Siete propuestas para construir una economía más humana

Oxfam insta a los líderes mundiales –muchos de los cuales se reunirán esta semana en el Foro de Davos (más información en la página 25)– a tomar medidas que pongan fin a la crisis de desigualdad. Opina que está en manos de los responsables políticos empezar a construir una economía humana que beneficie a todas las personas. Estas son algunas de sus propuestas recogidas en el informe “Una economía al servicio del 1%”:

Pagar a trabajadoras y trabajadores un salario digno, y reducir las brechas con las remuneraciones de los altos directivos: los salarios mínimos deben elevarse hasta que se conviertan en salarios dignos, asegurando una total transparencia sobre el ratio salarial y la protección del derecho de asociación y de huelga de los trabajadores.

Fomentar la igualdad económica y los derechos de las mujeres: compensando el trabajo del cuidado no remunerado; acabando con la brecha salarial entre hombres y mujeres; favoreciendo la igualdad entre hombres y mujeres en los derechos de herencia y sucesión, así como sobre la propiedad de la tierra; y mejorando la recogida de información para evaluar los impactos de la política económica sobre niñas y mujeres.

Mantener bajo control la capacidad de influencia de las élites más poderosas: creando registros públicos de las actividades de «lobby» y estableciendo normas más estrictas sobre los conflictos de intereses; garantizando la divulgación pública, gratuita y accesible de información de calidad sobre los procesos administrativos y presupuestarios; reformando el marco normativo, especialmente en lo relativo a la transparencia de la función pública; delimitando la participación del sector empresarial en la financiación de las campañas electorales; y aplicando medidas para poner fin a las puertas giratorias entre las grandes empresas y los gobiernos.

Modificar el sistema mundial de investigación y desarrollo (I+D) y de fijación de los precios de los medicamentos para garantizar el acceso de todas las personas a medicamentos adecuados y asequibles: negociando un nuevo tratado mundial sobre I+D; incrementando la inversión en medicamentos, incluyendo genéricos asequibles y excluyendo las normas de propiedad intelectual de los acuerdos comerciales. La financiación de la I+D debe desligarse de la fijación de los precios de los medicamentos a fin de acabar con los monopolios privados; asimismo, debe garantizarse una financiación suficiente para la I+D de los tratamientos más necesarios, y que los medicamentos resultantes sean asequibles para todas las personas que los necesiten.

Distribuir el esfuerzo fiscal de forma justa y equitativa: trasladando la carga tributaria del trabajo y el consumo hacia la riqueza y el capital; mejorando la transparencia sobre los incentivos fiscales; y recuperando un gravamen sobre la riqueza.

Combatir la desigualdad a través de un gasto público progresivo: dando prioridad a aquellas políticas, prácticas y gastos que permitan incrementar la financiación destinada a unos servicios sanitarios y educativos públicos y gratuitos, para así luchar contra la pobreza y la desigualdad a nivel nacional; absteniéndose de aplicar reformas de mercado inviables y de eficacia no demostrada en los sistemas públicos de sanidad y educación; y ampliando la prestación pública de servicios básicos (en lugar de la privada).

Poner fin a la era de los paraísos fiscales y a sus efectos dañinos para la humanidad: los líderes mundiales deben comprometerse a desarrollar una estrategia más eficaz para acabar tanto con los paraísos fiscales como con otros regímenes preferenciales dañinos. Ha llegado la hora de poner fin a la carrera a la baja en la fiscalidad sobre los beneficios empresariales y de llegar a un consenso internacional para evitar la competencia desleal entre países. En última instancia, todos los gobiernos deben sentar las bases para crear un organismo fiscal mundial en el que participen todos los países en igualdad de condiciones.GARA