El pasado martes una ciudadana de Donostia denunció, a través de las redes sociales, que no se le permitía la entrada a los polideportivos municipales a partir de las 17.00 porque disponía de la Kirol Txartela Social. Se trata de una tarjeta para las personas que reciben ayudas sociales, es decir, para las que cuentan con menos ingresos.

Partiendo de esta crítica, EH Bildu realizó diversas consultas y analizó las condiciones de dicho bono. Comprobó que la denuncia era cierta.

«Estamos ante una cláusula nueva, introducida este mismo mes por el Gobierno municipal de PNV y PSOE», indicó ayer la coalición abertzale en una nota. En su opinión, esta cláusula es «inaceptable y clasista que supone una merma de derechos para la ciudadanía donostiarra que menos recursos tiene».

Han denunciado, en numerosas ocasiones, que el Gobierno de Eneko Goia y Ernesto Gasco «lleva a Donostia marcha atrás» y consideran la cláusula de la Kirol Txartela «otro ejemplo» de ello. «Han reducido el peso de la acción social en el presupuesto, han vaciado la partida de cooperación y ahora utilizan criterios clasistas para marginar a cientos de donostiarras»», censuraron. Se comprometieron a llevar esta denuncia a la Junta de Portavoces y a Donostia Kirola, y «exigir la retirada inmediata de la cláusula clasista».

Respuesta del Ayuntamiento

Ante estas críticas, el Ayuntamiento de Donostia respondió que están «buscando una solución satisfactoria para que los menores que hacen uso de dicha tarjeta puedan acceder a las instalaciones más tarde del horario fijado». El concejal de Deportes, Martín Ibarbe, señaló ayer que han «detectado algunos problemas en la medida adoptada en relación a la Kirol Txartela Social, sobre todo con los menores beneficiarios de la cuota que acuden a entrenamientos con clubes deportivos más tarde del horario establecido, a las 17.00.

El concejal destacó que «Donostia es una de las pocas ciudades de nuestro entrono que tiene Kirol Txartela Social». Apuntó que esta está dirigida a las personas empadronadas en Donostia y que son perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Se renueva cada seis meses, momento en el que se comprueba que las usuarias cumplen las condiciones.

Explicó que en 2015 se tramitaron 1926 abonos sociales que suponen cerca de 60.000 usos anuales y señaló que el precio de este bono es de 11,85 euros al semestre frente al abono individual que cuesta 185 euros.