El presidente español en funciones, Mariano Rajoy, apuntó tras la investidura catalana que no dejaría pasar «ni una». Dicho y hecho, el Gobierno español anunció ayer que presentará sendos recursos contra la creación de una conselleria de Exteriores (la que está a cargo de Raül Romeva) y contra la constitución de la Comisión de estudio del Proceso Constituyente, aprobada en el pleno parlamentario del pasado miércoles con los votos de Junts pel Sí, CUP y Catalunya Sí que es Pot (CSQP). No se recurre finalmente, por la evidente falta de recorrido, la fórmula que el president, Carles Puigdemont, utilizó para jurar el cargo (no mencionó ni al Rey ni la Constitución). «Analizaremos todas y cada una de las actuaciones de la Generalitat o del Parlament», advirtió ayer en rueda de prensa la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

No tardó en llegar la respuesta desde Catalunya. La portavoz del Govern, Neus Munté, aseguró que la conselleria es plenamente legal y constitucional, por lo que seguirá funcionando «con normalidad». Más duro fue el presidente del grupo parlamentario de JxSí, Jordi Turull, que consideró que «el Govern en funciones del PP acaba un mandato decadente, con ‘tics’’ antidemocráticos y con un ataque frontal al parlamentarismo». En una línea similar, la CUP consideró en una nota de prensa que «el TC ya no es un tribunal, es una mera prolongación del Consejo de Ministros».