El Ejecutivo de Nafarroa se personará en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno español contra la Ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios policiales. Iruñea solicita el levantamiento de la suspensión y la aplicación de la ley, aprobada por la Cámara navarra en marzo de 2015 con el voto en contra de UPN y PP.

Según informó la agencia Efe, la consejera portavoz, Ana Ollo, explicó ayer que el Gabinete de Barkos acordó personarse después de que el pasado 19 de enero el Tribunal Constitucional admitiera a tramite el recurso del PP. El Gobierno de Rajoy recurrió la norma navarra por entender que vulnera el derecho «a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y al principio constitucional de actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho», entre otros preceptos. Y rechazaba la creación de una Comisión de Reconocimiento y Reparación, ya que, a su parecer, implicaría obviar la labor de los tribunales.

La ley, propuesta por Izquierda-Ezkerra, tiene por objeto acabar con una discriminación histórica y equiparar a quienes padecieron la violencia policial o ultraderechista con víctimas de otras organizaciones armadas, como ETA. Además, garantiza la reparación de unas víctimas sobre las que hay «un espacio de impunidad», tal como señaló Ollo, que anunció que el Ejecutivo defenderá la ley desde «una posición ética de rechazo a la violencia y de defensa de los derechos humanos».

En este sentido, la consejera reconoció que el Gobierno de Nafarroa esperaba que Madrid hubiera entendido que la voluntad de la ley «no es ir contra nadie, sino amparar a las víctimas y garantizar la defensa de los derechos». Algo que, a la vista de los hechos, no ha sido así. No obstante, el Gobierno de Nafarroa espera demostrar con argumentos jurídicos que no se trata de una ley anticonstitucional.

Por otro lado, Ollo avanzó que el área de Paz y Convivencia va a empezar a trabar en la elaboración de un «mapa de todas las violencias», que recoja a las victimas de ETA y a las víctimas de «las otras violencias».