El Juzgado comunicó el martes a María Ángeles Gil, que vive en Abetxuko desde 2005, que el desahucio que debían llevar a cabo mañana se suspende provisionalmente. Así lo hizo saber Kaleratzeak Stop Araba, que explicó que la vivienda en la que reside la mujer es propiedad del Gobierno de Lakua y está gestionada por Alokabide.

Esta empresa, «100% pública», comunicó a Gil en marzo de 2014 que no iba a prorrogar el contrato. La razón que dieron fue «continuos y reiterados incumplimientos contractuales que se desprenden de un informe emitido desde el área social de la sociedad pública Alokabide, que hacía aconsejable una no renovación del contrato». Según la asociación, «el informe estaba basado en una serie de denuncias anónimas de las que no habían dado conocimiento a María Ángeles, por lo que esta no había podido defenderse».

Alokabide «ha desahuciado a más de 200 familias en los dos últimos años, más que los bancos», aseguraron y contaron que en diciembre desahuciaron a Mari Luz y sus tres hijos «por impago de alquiler».

Ahora quieren desahuciar a María Ángeles «negándose a renovar su contrato arbitrariamente». Recordaron que el Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz aprobó la declaración de Municipio Libre de Desahucios, así como las Juntas Generales de Araba, y en ambos casos el PNV votó a favor. «Mientras en unas instituciones se declaran en contra, el Gobierno Vasco promueve los desahucios en viviendas de protección oficial», denunciaron.