El Ayuntamiento de Iruñea se reunió ayer con once entidades bancarias para buscar compromisos que eviten los desahucios de primera vivienda y «trabajar juntos» para solucionar estas situaciones de emergencia social. Durante la cita, los representantes recordaron que, siempre dentro del marco legal, la ciudad podría replantearse la colaboración con aquellas entidades que instaran un desahucio sin haber buscado una negociación razonable con los afectados, ni haber puesto previamente en conocimiento del Consistorio la situación de lanzamiento.

La delegación del Ayuntamiento estuvo compuesta por el alcalde, Joseba Asiron; el concejal de Ciudad Habitable y Vivienda, Joxe Abaurrea, y la concejala de Acción Social y Desarrollo Comunitario, Edurne Eguino. A la reunión acudieron representantes de La Caixa, Ibercaja, Bankia, Caja Rural de Navarra, Laboral Kutxa, Kutxabank, Grupo BBVA, Banco Sabadell, Banco Popular, Banco de Santander y Caja España, para hablar de soluciones que ayuden a minimizar los desahucios y sus consecuencias. En la sesión se abordó la situación de las familias de la ciudad que, debido a la crisis económica, son incapaces de pagar la deuda contraída con las entidades o tienen dificultades de acceso para obtener una vivienda digna.

«Ciudad libre de desahucios»

Asiron subrayó que a partir de ahora, el Consistorio va a mantener «un trato individualizado» con cada una de las entidades bancarias. Recordó que en noviembre Iruñea se declaró «ciudad libre de desahucios».

En la reunión también se abordó la cuestión la vivienda social, por la que –en palabras del alcalde– el Ayuntamiento está haciendo «un esfuerzo» con el fin movilizar su parque de viviendas, para lo que también pidió la colaboración de las entidades bancarias.

El alcalde explicó que los bancos le han manifestado su disposición «a colaborar y a evitar en lo posible cualquier situación conflictiva o de emergencia social» y que también le trasladaron su voluntad de evitar los desahucios forzosos.

«Todavía, a pesar de los cantos de sirena, estamos en una situación muy dura, hay muchísima gente en situación de emergencia», subrayó Asiron.

Desde el Ayuntamiento se ha constatado la existencia de viviendas desocupadas en Iruñea mientras que, según el estudio sociológico realizado por los servicios municipales, hay unas 300 personas o familias que necesitan una solución urgente.

El Consistorio ha puesto a disposición de los demandantes 25 viviendas municipales ya rehabilitadas en los barrios de Buztintxuri, Rotxapea y Sanduzelai, a las que se sumarán próximamente ocho más en Rotxapea.

EH Bildu pide más compromiso a Lakua

EH Bildu demandó ayer al Gobierno de Lakua un compromiso claro y eficaz contra los desahucios porque «si siempre es grave e inaceptable dejar personas en la calle porque no pueden pagar el préstamo o el alquiler, más grave e inaceptable todavía es que sea un gobierno el que las deja en la calle». Según los datos expuestos por el parlamentario Oskar Matute en base a los informes enviados por el propio consejero Ángel Toña al Parlamento, unos 40 desahucios del primer semestre de 2015, lo fueron por «causas no detectadas».

En el pleno, el consejero recordó a EH Bildu que el Gobierno autonómico «está haciendo lo que puede».

Según señaló la coalición de izquierda en una nota posterior al debate, en la lucha contra los desahucios la clave es la voluntad política. «EH Bildu –destacó Oskar Matute– es la mejor prueba de ello porque mientras estuvo en la alcaldía en Donostia no hubo ni un solo desahucio; sin embargo, con la entrada del gobierno municipal de la coalición PNV-PSE bastó un mes para desahuciar a una familia».

Oskar Matute apuntó que «el Gobierno vasco, a través de Alokabide, ha abierto al menos 450 procedimientos de desahucio durante los últimos tres años, y muchos de ellos han acabado en desahucio». Recordó que «el lehendakari afirmó en el que sí hay mecanismos para evitar desahucios, pero, visto que siguen produciéndose desalojos, tenemos que concluir que esos mecanismos no son ni reales ni eficaces o que simplemente en Lakua no hay voluntad para aplicarlos».GARA