Los militares salvadoreños prófugos desde la noche del viernes, requeridos en el Estado español por la matanza de seis jesuitas –entre ellos los vascos Ignacio Ellacuría y Juan Ramón Moreno–, una empleada y su hija de 15 años en la sede de la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador en 1989, no se entregarán a las autoridades de El Salvador, informó el abogado de 13 de los 17 involucrados, Lisandro Quintanilla.

El letrado respondió a la petición realizada por el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, que el sábado exhortó a los militares a entregarse a la Justicia porque «es lo mejor para el país».

«La respuesta a esa exhortación que hace el presidente de la República es ‘no’. Ellos no se van a entregar», aseguró Quintanilla en una conferencia de prensa en la que siete familiares de los militares pidieron la liberación de los cuatro capturados hasta el momento y el cese a la persecución de los demás.

La noche del viernes, la Policía inició un operativo para capturar a los dieciséis militares retirados que viven en El Salvador y que fueron requeridos por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco el pasado 5 de enero.

El número diecisiete de la lista, el ex viceministro de Defensa y excoronel Inocente Orlando Montano, espera en Estados Unidos a ser extraditado al Estado español, después de que la juez federal Kimberly Swank avalara el proceso el viernes. La juez señaló en su auto que Montano pasó información necesaria –incluida la localización de Ellacuría– al pelotón del batallón de élite Atlácalt, que en la madrugada del 16 de noviembre, cometió la masacre.

La decisión rompe con lo que hasta ahora era considerado una prioridad nacional en Estados Unidos, ser el santuario para sus peones en la lucha contrainsurgente.