EH Bildu reaccionó ayer al informe remitido por el Gobierno español al Parlamento de Gasteiz en el que advierte de que varios artículos de la Ley de Empoderamiento de la Ciudadanía (conocida como Ley de Consultas) son inconstitucionales. La coalición de izquierda insiste en que va a llevar hasta el final el procedimiento para su aprobación porque, indica, «no estamos proponiendo nada que no sea pro- fundizar en la democracia».

Los parlamentarios Pello Urizar y Rebeka Ubera afirmaron que saben bien «qué y quién tenemos enfrente en este camino» y que el Estado español va a poner todos los impedimentos para que la ciudadanía vasca pueda decidir.

Ante lo que consideran una «posición antidemocrática del Estado», EH Bildu entiende que quienes defienden el derecho a decidir deberían reflexionar «¿qué papel han de jugar los parlamentos de Gasteiz e Iruñea? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Lo que necesita la sociedad vasca (pensiones, empleo, sanidad, educación…)? ¿O solamente lo que nos deje hacer Madrid, autolimitando nuestras capacidades como país?».

Según expusieron Urizar y Ubera, «la respuesta es clara: lo que nos deja hacer Madrid no es suficiente para garantizar el bienestar de la sociedad vasca y, en consecuencia, es hora de ir más allá para poder asegurar condiciones de vida dignas a todas las personas de este país».

«Estrategia conjunta»

EH Bildu afirma que entiende esta respuesta del Gobierno español como «un ataque al derecho de este país a decidir su futuro» y un ataque «a la democracia» y a la «posibilidad de la sociedad vasca de abrir vías para garantizar su bienestar».

La coalición de izquierdas asegura que «el Gobierno español tiene miedo a la democracia y su respuesta evidencia miedo».

En esta situación, EH Bildu reitera su «compromiso de dar la palabra y la decisión a la ciudadanía vasca» y su «voluntad de aprobar la Ley de Empoderamiento».

Desde esta base, hace «un llamamiento a todas las fuerzas políticas y sociales que defienden el derecho a decidir y a la ciudadanía en general a articular una respuesta conjunta, a diseñar una estrategia compartida para de superar las prohibiciones que constantemente imponen desde Madrid» y que vascos y vascas puedan decidir sobre «lo que afecta a su vida diaria».

El Gobierno español deja también un recado para el PNV

La advertencia del Gobierno español sobre la Ley de Empoderamiento afecta también directamente a los planes del PNV de buscar la actualización del nuevo estatus de la CAV a través de la disposición adicional primera de la Constitución que «ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales». El lehendakari y los teóricos jeltzales han creado en torno a esto un concepto novedoso como el de «nación foral» que Iñigo Urkullu acuñó en setiembre en el Parlamento.

El informe del Ministerio aprovecha también una disposición adicional de la Ley de Empoderamiento en las que se dice que el derecho a decidir es una actualización de los derechos históricos, para asegurar que dicha actualización «solo procede a través del Estatuto de Autonomía, es decir, de la norma que es resultado del ejercicio del derecho a la autonomía dentro de la ‘indisoluble unidad’ de la Nación española y con absoluto respeto a la Constitución».

Inmediatamente después, el informe remitido por el Gobierno español al Parlamento de Gasteiz advierte además de que «no puede admitirse una suerte de imaginario pacto con valor originario y supraconstitucional, que ya excluyó la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1988, en la que se recordó que la actualización de los derechos históricos supone la supresión o el no reconocimiento de los que contradigan los principios constitucionales».I.I.