El periodista acaba su jornada y comenta con el jefe de sección las previsiones para el día siguiente. «Vete a casa, le responde, ya veremos mañana a quién detienen». La escena, real y reciente, resume bien no solo el hastío y la fatalidad ante la corrupción en el País Valencià, sino también la forma como muchos valencianos se relacionan con el fenómeno. Humor resignado como mecanismo de defensa insuficiente ante un expolio colosal.

El último caso conocido implica a la alcaldesa de España, Rita Barberà, al expresidente Camps o al antaño todopoderoso presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus.

El PP regional ha actuado, según el juez que investiga el caso, como una trama criminal, y se impone un proceso de refundación si quieren presentarse ante la ciudadanía como opción de gobierno. Incluso ellos lo saben, por ello su líder, Isabel Bonig, coqueteó con la idea hace apenas unos días.

Hay dos grandes problemas para llevar a cabo este acto de purga, que en los últimos días se han entrelazado y confundido. El primero es la dificultad para acabar con los líderes de la época dorada. Rita Barberá se atrevió a negar la corrupción y a afirmar que no se planteaba dimitir en una rueda de prensa en la sede del partido. Era su primera aparición tras un mes recluida. En apenas una semana, Rita antepuso su prestigio y su ego al partido y a la institución, demostrando que todavía cree estar por encima de ambos. Sirva como ejemplo el mensaje a la propia Bonig: «Cuidado con lo que decís». Ni que recurrir tuvo a la metáfora de la manta.

El segundo problema es Madrid, donde la suma de corrupción e interinidad política tiene consecuencias impredecibles para el presidente en funciones Mariano Rajoy, quien ayer salió en defensa de Barberá afirmando que «de momento no ha sido juzgada ni imputada»

El resultado es que cualquier movimiento está supeditado a lo que ocurra en Madrid. Y Génova ha abonado la teoría de la conspiración. Círculo cerrado con el objetivo de ganar tiempo y acallar voces disidentes, muy presentes en Valencia. Mientras tanto, la decadencia popular contribuye a afianzar al Govern valenciano, formado por el PSOE y Compromís.

Uno de los mensajes que ayudó a consolidar la delirante hegemonía popular fue que ellos eran los que mejor defendían los intereses de los valencianos frente a los complejos y ambigüedades socialistas. Los primeros meses del cambio han evidenciado que el nuevo Ejecutivo tiene un discurso claro. Guste o no, Ximo Puig y Mónica Oltra apuestan por hacerse oír en Madrid con la esperanza de influir en la política estatal y obtener una nueva financiación.

Entre otros, los sindicatos, la patronal y rectores universitarios han dado su apoyo a la estrategia. La imagen de la dócil sociedad civil valenciana al servicio del PP se resquebraja. Pero no hay que dar por muerta a la derecha. Su travesía del desierto será de gran ayuda para el pacto de progreso, pero éste también tiene sus propias debilidades.

A las posibles diferencias internas –no olvidar que hay sectores de Compromís, liderados por la propia Oltra que aspiran a medio plazo superar al PSOE como partido referente de la izquierda– se suman algunas amenazas externas.

Una de ellas es que el PP se recupere y sea capaz de volver a tejer un discurso creíble con la ayuda de la potente prensa regionalista-españolista. Pero hay otra amenaza a medio plazo, y es que PP, PSOE y Ciudadanos encuentren la forma de entenderse y gobernar.

En ese caso, ¿No tendría más sentido un acuerdo entre las sucursales valencianas del PSOE y Ciudadanos, que ya estuvo a punto de producirse tras las elecciones autonómicas? Sí, si se mantienen las inercias históricas. Así pues, en la era post PP, el gran reto de los nuevos actores no es tanto hacer una política más decente –no parece difícil- sino hacerla más independiente del centro. De esto dependerá el éxito o fracaso del cambio.