GARA
DONOSTIA

Alcaldes de EH Bildu creen positiva la Ley Municipal

Alcaldes de EH Bildu consideran que la Ley Municipal que saldrá del acuerdo alcanzado con el PNV no es la norma que ellos impulsarían, pero estiman que «es una buena ley» que solucionará muchos de los problemas a los que deben hacer frente los consistorios «día a día». También las agrupaciones electorales de independientes que gobiernan seis municipios vizcainos creen que el proyecto, con especial mención a otro modelo de financiación, «suena bien».

Un grupo de alcaldes soberanistas se reunió ayer en Donostia con responsables de EH Bildu para analizar el acuerdo alcanzado con el PNV sobre la Ley Municipal que va a aprobar el Parlamento de Gasteiz. Al encuentro acudieron los primeros ediles de Errenteria, Julen Mendoza; Andoain, Ane Karrere; Berastegi, Amaia Azkue; Orexa, Eneko Maioz; Berriatua, Jon Arriola; y la teniente alcalde de Markina, Josune Baskaran.

A su conclusión, Mendoza dijo que «se trata de una ley necesaria, ya que los ayuntamientos de la CAV eran los únicos que no tenían una ley propia y ello los dejaba a merced de los recortes y decisiones impuestas desde Madrid, con el consiguiente perjuicio a los servicios y prestaciones que ofrecemos».

Mostró su satisfacción en nombre de las alcaldesas y los alcaldes de EH Bildu «porque esta ley nos va a permitir afrontar con mayores garantías los retos a los que nos enfrentamos día tras día». En ese sentido, añadió que «como alcaldes, constatamos todos los días que los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía, que es a nosotros donde acuden ciudadanos y ciudadanas cuando tienen cualquier problema. En ese sentido, tenemos una gran responsabilidad social que, una vez aprobada la Ley, vamos a poder cumplir de una manera más eficiente».

Julen Mendoza explicó que el desarrollo de la nueva ley, el análisis de sus necesidades financieras y los mecanismos de corrección que se implementarán con el objetivo de garantizar los servicios que deben prestar, va a poder garantizar que los ayuntamientos tengan los recursos financieros suficientes para poder realizar su labor. «Podremos contribuir de esta manera a la cohesión social que tan necesaria es en estos tiempos de crisis que nos toca afrontar como institución y sociedad. En ese sentido, queremos destacar que mediante la nueva ley vamos a poder hacer frente de una manera más eficiente al pago de las prestaciones de emergencia social».

Mendoza subrayó que se ponen los instrumentos para blindar a los consistorios ante los ataques que sufren con todo lo relacionado con el fomento del euskara; se consigue que sean todavía más cercanos a la ciudadanía y ganan en transparencia institucional; va a permitir mantener una relación directa con los vecinos, ya que van a poder convocar consultas que serán, además, vinculantes. Asimismo, aseguró, va a permitir mantener relaciones transfronterizas con otros ayuntamientos e impulsar políticas de colaboración en clave de construcción de país con corporaciones de toda Euskal Herria.

En una comparecencia en Bilbo, agrupaciones electorales de independientes de Bizkaia saludaron el acuerdo PNV-EH Bildu. «Nos gusta porque en los últimos años estamos viendo cómo las competencias y servicios siguen creciendo y creciendo pero nadie pone financiación ni recursos materiales ni humanos para ellos», manifestaron.

Consistorios piden un reparto «justo» del fondo Udalkutxa

Los ayuntamientos vizcainos gobernados por grupos independientes –los de Abadiño, Etxebarri, Karrantza, Orozko, Zalla y Zaratamo– cuestionaron ayer el peso de Bilbo en el reparto de Udalkutxa, solicitando una distribución «más justa y equitativa». Criticaron que reciba casi el 38% del fondo foral –unos 307 millones en 2015– teniendo una población que supone el 30,2%.

Los independientes, con representación en 17 pueblos, consideran «injusta» esta, a su juicio, sobrefinanciación de la capital, y opinan que genera «ciudadanos de primera y segunda categoría en Bizkaia», por lo que estiman conveniente «revertirla». Reconocieron que cuando se aprobó una mayor financiación para Bilbo en 2002, pudo tener sentido por el proceso de transformación integral que vivía, aunque consideran que ya no existen «criterios objetivos» para mantenerla.

Arremetieron también contra los criterios utilizados por la Diputación para realizar sus previsiones de recaudación de impuestos, de donde salen los fondos de Udalkutxa que posteriormente reparte entre los municipios, apuntando que desde 2008, con el inicio de la crisis, solo han acertado en dos ocasiones.