Desde que Elena Torres acabara con la Renta Básica durante el breve gobierno de coalición UPN-PSN a inicios de la pasada legislatura, una de las principales reivindicaciones sociales ha sido recuperar esta renta mínima para atajar situaciones de necesidad extremas. Ayer, las fuerzas que sostienen al Gobierno presentaron un anteproyecto de ley para sacar adelante lo que se llamará Renta Garantizada y que amplía tanto las cuantías como los colectivos hacia los que está dirigida, teniendo una especial atención a inmigrantes sin papeles, menores, ancianos y también para casos en los que la situación de precariedad se alarga.

Uno de los cambios fundamentales será que los perceptores de la nueva renta ya no tendrán que tener papeles en regla, sino que bastará con acreditar la residencia en Nafarroa. La norma general será llevar al menos dos años viviendo en la comunidad para acceder a la prestación económica, sin embargo, si existen menores en situación de necesidad el periodo de residencia a acreditar se reducirá a un año.

También el hecho de tener menores a cargo tendrá una mejora en las cuantías a percibir, pudiéndose llegar a los 1.200 euros mensuales en los casos más graves. Con la Renta de Inclusión que acodaron UPN y PSN, el máximo que podía llegar a percibir una unidad familiar era de 982,9 euros.

El consejero de políticas sociales, Miguel Laparra, sostuvo que los cambios suponen mejorar incluso lo acordado en el acuerdo programático. Según explicó, la aplicación de estos cambios implicará un esfuerzo económico un 50% más alto sobre lo inicialmente previsto, aunque aclaró que este sobreesfuerzo entra «dentro de la viabilidad económica del escenario presupuestario del Gobierno».

Por otro lado, los solicitantes mayores de 65 años que cumplan todos los requisitos y reciban una pensión no contributiva, tendrán una deducción fiscal y percibirán lo mismo que el resto de unidades familiares de la nueva renta garantizada.

Otro de los cambios trascendentales afecta a la excepcionalidad. La nueva ley contempla que hay casos que puedan no cumplir todos los requisitos, por lo que se permitirán las excepciones puntuales.

Además, se ha eliminado el tope máximo de 30 meses durante el que se puede percibir esta renta. En caso de que alguien tenga que agotar las ayudas, podrá solicitar nuevas prórrogas de 12 meses.

Reacciones de los partidos

EH Bildu hizo una valoración muy positiva de la nueva norma, ya que ha sido «fruto del debate y la colaboración entre el Gobierno, las entidades sociales, profesionales, afectados y las cuatro fuerzas que apoyamos al Ejecutivo», según explicó Asun Fernández de Garaialde. Isabel Aranburu, de Geroa Bai, aseguró que la ley supone una «base firme» sobre la que trabajar. Por su lado, desde Podemos, Mikel Buil apuntó que el segundo punto de su agenda de «rescate ciudadano» era derogar la Renta de Inclusión de UPN. Por último, I-E destacó que el acuerdo se ha alcanzado en solo ocho meses.