En un comunicado remitido ayer a la agencia Efe, el ex número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel, para quien la Fiscalía pide más de 54 años de cárcel por ser el presunto líder de una trama de cobro de comisiones ilegales, reiteró su «absoluta inocencia» y afirmó que no hay «ni una sola prueba» en el sumario que demuestre el enriquecimiento de los encausados.

Desde las filas del PNV, el parlamentario Joseba Zorrilla insistió en que la petición de penas del fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, contra los 26 imputados en el «caso De Miguel» es «llamativa e inusual». La Fiscalía solicita un total de 442 años de prisión para los implicados por delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude en la contratación, cohecho, coacciones, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y en documento mercantil y tráfico de influencias. En declaraciones a Radio Euskadi, afirmó que la actitud del PNV al conocerse los hechos fue «ejemplarizante».

A este respecto, el parlamentario de EH Bildu Oskar Matute advirtió de que a los imputados «les une» la pertenencia a un «determinado partido político». «Estas personas no contactan entre sí para enriquecerse por ser del mismo barrio, sino que pertenecen a un partido que tiene la capacidad de tener un contacto directo con la administración de recursos públicos y la gestión de los mismos », indicó.

La parlamentaria del PSE Miren Gallastegi opinó que el PNV «no actuó tan diligentemente como debiera», y recordó que los jeltzales «pusieron trabas a los trabajos parlamentarios», en clara alusión a la comisión de investigación. Además, criticó el apoyo expreso del portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, a dos de los imputados.

Laura Garrido (PP) destacó que el «caso De Miguel» es el «mayor caso de corrupción» que ha habido en la CAV. «Y afecta de lleno al PNV. Son personas a las que les une su pertenencia al PNV», añadió.