El proyecto de acuerdo entre la UE y Ankara para expulsar a Turquía a todos los refugiados que están llegando a Europa a cambio de la vaga promesa de una recepción ordenada de los que huyen de la guerra, preferentemente de Siria, ha generado un aluvión de críticas, tanto del exterior como al interior de la UE.

La ONU, las ONG y los grupos que luchan por el derecho humano al asilo denuncian no solo ya la inhumanidad de semejante medida sino su abierta violación del derecho internacional, comenzando por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que prohíbe explícitamente el rechazo colectivo de solicitantes de asilo.

Esta denuncia, que debería por su gravedad centrar todo el debate cuando faltan escasos cuatro días para que el Consejo Europeo de la próxima semana dé luz verde al proyecto, está quedando sin embargo solapada tanto en las grandes medios de comunicación europeos como en el cruce de declaraciones de las cancillerías de la Unión. Al punto de que se está poniendo interesadamente el foco en el colaborador necesario en el plan, en este caso Turquía, pasando de rositas sobre la responsabilidad directa, rayana en lo criminal, de buena parte de los países de la UE en la deriva de una crisis, la de los refugiados, cuya vergonzosa gestión amenaza incluso con hacer saltar en mil pedazos la mal llamada «construcción europea».

Así, mientras Merkel y Tsipras, verduga y víctima hace tan solo un año en la crisis en torno a la deuda griega, coinciden en que cualquier solución comunitaria al desafío pasa en todo caso por Turquía, buena parte de la inteligentsia europea y los estados miembros que han aplicado la política del «sálvese quien pueda» y de la insolidaridad total hacia los refugiados cargan contra el hecho de que la propuesta reconoce el papel de garante del plan, con todas sus contrapartidas, a un Estado, el turco, que no es precisamente paladín de los derechos humanos.

Sin ánimo alguno de negar, ni menos justificar, esta última contradicción, conviene recordar que hay precedentes. La UE no se ha sonrojado nunca por encargar a la cruel y teocrática monarquía manrroquí la vigilancia de sus fronteras a cambio de su impunidad contra el pueblo saharaui. Hay ejemplos de todo tipo, como cuando Bruselas logró que el líder libio Muamar al-Gadafi retuviera en el desierto a los refugiados subsaharianos camino de Lampedusa a cambio de que le fuera retirada la etiqueta de «dirigente terrorista». «Conversión» que no evitó, años más tarde, que el Estado francés dejara a un derrotado Gadafi en manos de los rebeldes para que le lincharan salvajemente.

Así, resulta chirriante la crítica de Austria al anunciado acuerdo. Sobre todo cuando proviene de un Gobierno que, con su decisión de cortar en seco hace semanas el paso de refugiados por su territorio, hacía suya la «solución final» del xenófobo primer ministro húngaro, Viktor Orban, y anticipaba el cierre total, esta semana, del paso de los Balcanes.

Este cierre ha sido denunciado por el inédito tándem Merkel-Tsipras por «unilateral» y como una solución peor aún que el plan UE-Turquía. Pero, paradójicamente, son Alemania y Grecia los que están prácticamente solos frente a la insolidaridad general, con alguna excepción como la de Suecia, de los gobiernos europeos ante los refugiados.

Angela Merkel, quien con su política de puertas abiertas ha permitido que Alemania reciba desde el año pasado a un millón largo de refugiados, afronta una creciente oposición interna a su política y un repunte de la derecha y ultraderecha xenófoba. Lo que explica, que tampoco justifica, sus prisas por alcanzar ya desde hace meses un acuerdo con Ankara casi a cualquier precio. En esta línea, y paradójicamente, la decisión de los países balcánicos de sellar sus fronteras le ha quitado presión, al suponer en la práctica el freno casi total al flujo de refugiados hacia Alemania.

El que no se ha visto aliviado, sino todo lo contrario, es el Gobierno griego, que se ve obligado a gestionar como puede a decenas de miles de personas a la intemperie y bloqueadas en sus fronteras. Así se entiende que Grecia, enemiga histórica de Turquía y con la que le enfrenta la cuestión de Chipre, esté dispuesta a reconocer a su vecino como un «país seguro». Siempre en aras a un acuerdo.

Un acuerdo a cambio del que Ankara exige a la UE 3.000 millones más sobre los 3.000 millones de euros ya comprometidos. Sobre esta cuestión, la denuncia del monto de la ayuda y del mercadeo subsiguiente se ha convertido en lugar común. Teniendo en cuenta la cifra de refugiados en suelo turco –2,7 millones de sirios más 300.000 iraquíes y afganos–, un simple cálculo arroja 1.000 o a lo sumo 2.000 euros por persona. No parece demasiado si fuera dedicado a mejorar sus condiciones de vida. Que no lo vaya a ser, como aseguran algunos, es otra cuestión, que remitiría, en su caso, a la fiscalización por parte de la UE de las ayudas que otorga.

Otro tanto ocurre con la petición de Ankara de que la UE retire antes de junio la exigencia de visado a los ciudadanos del Estado turco. Retirar visados no parece una petición socialmente inaceptable, a no ser, claro, que pensemos como lo hacen los dirigentes de la UE, que han obligado, en contrapartida, a Ankara, a reinstaurar los visados a los ciudadanos de 70 países árabes y musulmanes a los que el Gobierno islamista de Erdogan había liberado de esa obligación. El motivo aducido es que entre los refugiados que cruzaban el Egeo se «colaban» marroquíes, argelinos... que viajaban libremente y en vuelos baratos a Estambul para dar luego el salto por mar.

Ankara exige, finalmente, a la UE que desbloquee las negociaciones para la adhesión de Turquía, iniciadas allá por 1963. Cincuenta y tres años después, todo el mundo da por seguro que Turquía nunca entrará en la UE, y no porque no pueda apelar a la historia –atendiendo al origen grecolatino del Viejo Continente, Turquía sería mas europea que Francia y Alemania juntas–.

Sostener, como hacen algunos líderes europeos, que Turquía no merece entrar en la UE porque no respeta derechos como el de expresión (acaba de cerrar un grupo de comunicación opositor) sería creíble si no fuera porque las negociaciones de adhesión empezaron precisamente con un Gobierno turco en manos de los militares herederos del kemalismo, poco amigos asimismo de respetar los derechos humanos.

Si acaso ha ocurrido lo contrario en los últimos años. El veto oficial de países como Francia a una hipotética entrada de un país con 80 millones de musul manes parece haber logrado el efecto de liberar al Gobierno islamista de Erdogan de los avances democráticos que se impuso al inicio de su mandato. Ya sin ataduras, y más allá de sus antagónicas visiones sobre la religión, el presidente neotomano turco se parece cada vez más al ultrasecular Mustaphah Kemal Atatürk.

En todo caso, a lo que sí remiten algunas de las críticas europeas a Turquía es a la islamofobia rampante en el Viejo Continente, una fobia que explica en buena parte su respuesta a la crisis de los refugiados.

Lo que sí resulta sangrante es que la UE esté negociando con Turquía mientras su Gobierno no solo ha roto todos los puentes de diálogo con los kurdos sino que está perpetrando una doble ofensiva militar contra la población del ocupado Kurdistán Norte y contra los kurdos «sirios». Lamentablemente, tampoco es la primera vez en que Europa sacrifica a los kurdos por un «interés superior» –ya el Tratado de Lausana de 1923 les condenó a ser hoy el mayor pueblo del mundo sin Estado–.

En la misma línea, y como otra contrapartida al acuerdo, Ankara está intentando implicar a la UE en su ansiado proyecto de crear una zona tapón adentrándose más allá de la frontera siria con el objetivo de dinamitar el enclave político kurdo (Rojava) en Siria y apuntalar a su patrocinada y debilitada coalición rebelde islamo-salafo-yihadista siria.

Todo ello no debe ocultar que la responsabilidad última de que la UE esté negociando con urgencia y desde una posición de debilidad con Turquía es de todos esos estados de la UE que han incumplido sus mínimos compromisos para mitigar el drama de los refugiados.

En este sentido, la posición más coherente es la de Suecia, que apuesta por que la UE restaure las fronteras (adiós a Schengen) con los países que se siguen negando a asumir sus cuotas de refugiados. Eso sí dolería, desde Madrid a Budapest.

Todo lo demás son denuncias hipócritas y brindis al sol. Porque es indudable que la solución al drama de los refugiados pasa por negociar seriamente con los países de acogida (Turquía, Líbano, Jordania...) y por intentar poner en vías de solución las crisis en los países de origen (Siria, Irak, Afganistán...). Pero, de la misma forma, sin una política europea coherente, decidida y solidaria –sin caer en buenismos–, el drama de los refugiados amenaza con convertirse en la tumba de lo poco que queda ya de Unión Europea.