La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ayer que en Guatemala siguen existiendo «formas contemporáneas de esclavitud» sobre los indígenas –al menos el 41% de la población–, que tienen como fin su explotación económica. Su situación laboral «sigue siendo muy preocupante al encontrarse sujetas a diversas formas de explotación», como el trabajo forzado o la explotación servil, que familias y comunidades sufren generación tras generación en unas 5.043 unidades productivas agrícolas, señaló la CIDH en un informe.

El racismo y la discriminación que sufren los pueblos originarios se observa en la falta de regulación y protección de los derechos humanos, la falta de acceso a la educación, sanidad y alimentación, o las desiguales condiciones laborales.

Unos tres millones de guatemaltecos carecen de acceso al agua potable y unos seis, a servicios de saneamiento. En educación, solo el 40% de los menores acaban el ciclo, pero en las áreas rurales la situación es peor. Su seguridad alimentaria es «sumamente grave» y la desnutrición crónica afecta al 80%. Las mujeres indígenas son, junto a los menores, el colectivo más discriminado.

Estas situaciones colocan a los indígenas en una situación de «pobreza y pobreza extrema», y son producto de la negativa del Estado a reconocer el «genocidio» que sufrió el pueblo maya durante la guerra civil (1960-1996) y a la impunidad sobre la mayoría de las graves violaciones de derechos humanos, pese a los Acuerdos de Paz de 1996.

La CIDH insta al Estado a implementar los Acuerdos y poner fin a esa histórica situación de discriminación y exclusión.