El pasado 2 de febrero, el Gobierno de Lakua aprobó el decreto por el que se establece la jornada de trabajo anual para este año para el personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la CAV. El dictamen fija la jornada laboral en 1.592 horas al año, 22 horas y media de presencia efectiva menos que en 2015, de forma que se recuperan las simbólicas 35 horas semanales.

Pues bien, ayer se dio a conocer que la Abogacía del Estado ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), a lo que no tardaron en contestar tanto el Ejecutivo de Lakua como los sindicatos y EH Bildu.

El Gobierno de Iñigo Urkullu fue uno de los primeros en responder mediante el viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta, quien aseguró estar «sorprendido» y exigió su retirada. En declaraciones a Onda Vasca, hizo un llamamiento de tranquilidad a los funcionarios vascos porque «las cosas no cambian», ya que no se ha decretado «una suspensión cautelar» de la medida.

La misma línea argumental siguió el portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, al cuestionar la legitimidad de este recurso por haber sido presentado por un Gobierno en funciones que «se resiste como gato panza arriba a ser controlado por el Congreso», en referencia al rechazo de Mariano Rajoy y varios de sus ministros a comparecer ante la Cámara Baja. Sin embargo, señalo, «no tiene inconveniente en controlar a los demás y en interferir, obstaculizar, e incluso entrometerse» en las decisiones de las autonomías.

Erkoreka denunció que esta actuación es una «agresión intolerable» al autogobierno y a la capacidad de las instituciones vascas para gestionar sus recursos humanos y diseñar sus políticas de personal.

Recordó que no es la «primera medida absurda» del Gobierno de Rajoy en materia de personal, sino que se trata del «remate de un innumerable listado de medidas» que han ido «modificando arbitraria y caprichosamente» el Estatuto Vasco del Empleado Público.

Erkoreka y Zearreta explicaron que la jornada de 35 horas semanales, que afecta a más de 70.000 trabajadores de la función pública, pretende restablecer las condiciones laborales que quedaron anuladas por el Gobierno español en 2012.

«Ataque a los derechos»

El sindicato LAB criticó estas palabras por actuar el Ejecutivo de Lakua de forma unilateral al quitar y después anunciar la recuperación de las 35 horas semanales con un «claro objetivo electoralista», lo que niega el derecho a la negociación colectiva. A pesar de ello, consideró que el recurso «demuestra claramente que la legalidad española ataca los derechos de los trabajadores» y que es necesario conseguir un marco vasco de relaciones laborales.

Por su parte, ELA pidió a Lakua que «cumpla y defienda la decisión tomada» porque el decreto supone «la destrucción de miles de empleos públicos».