Un partido que es minoritario en el Parlamento de Gasteiz y que va camino de reducir todavía más su presencia tras las próximas elecciones conserva sin embargo una mayoría absoluta «en funciones» en el Estado español que le permite ir anulando las decisiones que se adoptan en la Cámara autonómica, con el mero acto de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional y ejercer su potestad de pedir la suspensión automática de los artículos que no le gustan. Lo hace además por una cuestión ideológica, puesto que otros partidos con una visión igualmente centralista del Estado no ven problema competencial alguno ni en la Ley de Vivienda ni en la decisión de que los trabajadores de la administración general de la CAV vuelvan a la jornada de 35 horas semanales.

Si algo define de manera cristalina el nivel de soberanía de una comunidad, es que no pueda ni siquiera regular las condiciones laborales de jornada y salario de sus propios empleados. Con el añadido de que si dichas condiciones son fruto de una negociación con los trabajadores, se está atentando contra principios sociales fundamentales.

En todo caso, la práctica que desarrollan los distintos gobiernos españoles –y que se ha acentuado con el Ejecutivo de Mariano Rajoy–, consistente en ir suspendiendo las decisiones democráticas de los parlamentos de Gasteiz e Iruñea en base a recursos al Tribunal Constitucional, tiene siempre dos caras. Una es la actuación de quien recurre. La otra es la de quien ve que sus decisiones son paralizadas por un poder externo.

¿Se puede hacer algo mas que quejarse y protestar por lo que se considera un abuso de las facultades que la legislación española otorga al Gobierno en materia de recursos al TC? Pero en el fondo hay un problema más grave: la relación de poder entre el Estado y las autonomías no es de igualdad, sino de subordinación. Y en esa relación ¿cuál es la estrategia para hacer valer las decisiones democráticamente adoptadas en Euskal Herria?

El PSE propone una reforma constitucional que redefina las competencias y establezca un terreno de juego más claro.

El PNV dice confiar en la bilateralidad, en buscar que lo que aquí se acuerde sea aceptado por el Estado y se establezcan mecanismos similares a los que rigen el Concierto Económico que, por cierto, lleva años bloqueado y sin acuerdo, con cada administración haciendo las cuentas por su lado.

EH Bildu sostiene que la vía de la negociación y el acuerdo, esa llamada bilateralidad, podría ser la ideal, pero que resulta imposible con el Estado español, por lo que es preciso ir dando pasos de forma unilateral para crear una estructura que pueda defender las decisiones adoptadas en los ámbitos institucionales vascos. La tarea no es fácil.

En cuanto a Podemos, todavía no sabemos qué opina sobre la Ley de Vivienda o las 35 horas en la Administración y los recursos al Tribunal Constitucional.

Y entre tanto, Madrid sigue gobernando y decidiendo a su antojo. Hay quien habla del «pase foral» como salida válida y hasta constitucional. Podría ser. Solo falta que las instituciones afectadas, y en este caso les toca a las que encabezan Iñigo Urkullu y Bakartxo Tejeria, den los pasos para llevarlo a la práctica.