El Ejecutivo navarro anunció ayer que se va a personar como acusación particular en la investigación judicial que se ha abierto en los tribunales por un presunto caso de maltrato a discapacitados en el centro ocupacional de El Molino.

El caso afecta a varios cuidadores que habrían cometido presuntos malos tratos a varios de los usuarios del centro. No obstante, el vicepresidente de Políticas Sociales, Miguel Laparra, exigió el pasado día 18 un cambio inmediato en la gerencia y dirección técnica de la Fundación Ciganda Ferrer, que gestiona el lugar.

El procedimiento, que ha quedado en manos del Juzgado de lo Penal número 3, se inició a raíz de un informe por parte de los Servicios de Inspección que el Gobierno decidió llevar a los tribunales. Asimismo, esta inspección fue motivada por las quejas de familias de usuarios del centro ocupacional. Cabe remarcar que los relatos de las familias apuntan a que estas prácticas que se están investigando se venían produciendo de forma prolongada en el tiempo.

Además de esta causa, existe otra denuncia que ha sido interpuesta por una familia contra un único monitor por presuntos «abusos, lesiones y amenazas».