Jean-Claude Aguerre y Xabi Larralde quedaron ayer en libertad con la obligación de firmar una vez al mes en el Consulado español en Baiona. Los dos militantes independentistas, que se presentaron voluntariamente en la Audiencia Nacional, fueron procesados junto a los también vecinos de Ipar Euskal Herria Aurore Martin y Haizpea Abrisketa en el sumario 04/08, abierto tras la redada de Segura y por el que ya han sido juzgadas 35 personas.

En declaraciones a GARA, Larralde recordó que ellos no fueron convocados a juicio y destacó que la decisión de acudir a Madrid tenía por objeto aclarar su situación y darle carpetazo a este proceso político. Mostró su esperanza en poder alcanzar un acuerdo, tal como hicieron los 35 militantes independentistas juzgados en diciembre.

Estos alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y las acusaciones populares, ejercidas por la AVT y Dignidad y Justicia, por el que se evita la entrada en prisión, con un blindaje expreso.

Pese a que fueron condenados a penas que van desde los dos años al año y medio de cárcel, ninguno fue enviado a prisión, ya que se les aplicó el artículo 579 bis 4 del Código Penal, que permite rebajar en uno o dos grados las condenas por «terrorismo» cuando el hecho cometido sea «de menor gravedad». Y se suman los efectos de las dilaciones, porque los hechos que se juzgan ocurrieron hace casi una década –la redada de Segura tuvo lugar en 2007–.

Los 35 imputados reconocieron que «con este acuerdo se plantea una nueva manera de actuar, en la que todas las partes hacen un esfuerzo para buscar soluciones». «Y consideramos que puede ser útil para comenzar a dar por finalizada la aplicación de las legislaciones y las políticas de excepción. Para nosotros y nosotras es muy importante que se trate de un acuerdo que ofrece suficiencia a todas las partes. [...] Y pensamos y deseamos que esta fórmula de acuerdo, en fondo y forma, sea válida y viable para encontrar soluciones a todas las consecuencias del conflicto», dijeron.

Dos opciones

En una entrevista publicada ayer por Mediabask y en la que anticipaban su decisión de acudir a Madrid voluntariamente, Aguerre y Larralde pusieron en valor ese acuerdo y adelantaron que los magistrados de la Audiencia Nacional tenían ayer dos opciones: o les incluían en el pacto y les dejaban en libertad o les encarcelaban. «El primer caso pondría de manifiesto la falta de equidad en los procedimientos de ilegalización, que terminan con la puesta en libertad de los imputados. Y el segundo sacaría a la luz la naturaleza completamente arbitraria de la justicia española. Y, desde nuestro punto de vista, la ausencia de un Estado de Derecho», añadieron. Finalmente ocurrió lo primero.

Otro de los flecos de este proceso de Segura afecta al presidente de Sortu, que también está imputado en el sumario 04/08. Al ser parlamentario en Gasteiz y, por lo tanto, aforado, Hasier Arraiz será juzgado el próximo 9 de mayo por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que le acusa de un delito de «integración en organización terrorista». La Fiscalía solicita una pena de seis años de prisión y otros tanto de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público. La AVT y Dignidad y Justicia, las mismas asociaciones que firmaron el acuerdo con la defensa de los 35 militantes independentistas juzgados en diciembre en la Audiencia Nacional, reclaman una condena de 10 años de prisión contra el político abertzale. Son peticiones formuladas antes del acuerdo de Madrid.

EH Bildu ha recordado que Arraiz será llevado al banquillo por razones «exclusivamente políticas, al igual que decenas de ciudadanos vascos que han sido juzgados y condenados por su actividad política». Una idea compartida por Aguerre y Larralde, que citan que en los próximos meses quedan pendientes juicios políticos contra decenas de vascos más en la Audiencia Nacional, entre los que destacan los que fueron detenidos en sucesivas redadas contra la solidaridad con los presos.