Si trazáramos un símil con el Rugby para describir lo que en estos momentos está acaeciendo en la arena política de Ipar Euskal Herria, cabría decir que, en el derby entre partidarios y detractores de la creación de una única mancomunidad para los tres territorios, el Equipo del No ha decidido, una vez constatado que el partido lo tiene perdido, echar el balón fuera y apelar al Comité Deportivo –léase París– para que éste anule el partido.

Así, parte del grupo de los alcaldes opositores que se presentó públicamente en febrero en Itsasu y cuyas figuras más representativas son el primer edil de Biarritz, Michel Veunac, su homólogo de Angelu, Claude Olive –nuevo presidente de la mancomunidad Aturri-Costa Vasca tras la dimisión, precisamente por las desavenencias surgidas en torno a la fusión, de Jean-Réné Etchegaray, alcalde de Baiona y uno de los principales jugadores del Sí– y Barthélémy Aguerre, alcalde de Lukuze y consejero regional además de propietario de una gran empresa agroalimentaria industrial. Han presentado un recurso jerárquico ante el Ministerio del Interior en el que se solicita la anulación del decreto de constitución de la nueva institución.

Detrás de esta jugada no debería verse la mano saboteadora de París. Más bien, son la posición jacobina y/o la lucha por mantener el poder actual de los responsables políticos los que explican esta actitud de «mal perdedor», o según se mire, de «jugador estratega», ya que no es menos cierto que, aunque este derby esté ganado para el Sí, aún quedan otros muchos por jugar. Cabe deducir, por lo tanto, que el equipo del No no desiste y, contumaz, utiliza sus bazas.

Nada más filtrarse la noticia del posible recurso, dos de los «meneurs» o líderes del No, Veunac y Olive, difundieron sendos comunicados distanciándose de la maniobra, en los que apelan al respeto de las reglas democráticas y al reconocimiento de la mayoría, al mismo tiempo que mostraron su apuesta por involucrarse en la nueva etapa que comienza.

El desmarque desinfla el recurso, pero muestra la pose de corrección política de algunos mientras, entre bambalinas, han impulsado su elaboración. Preguntado sobre quién sufraga las minutas del gabinete parisino autor del mismo, Olive afirmó que corre a cuestas de los alcaldes opositores, sin precisar si se trata de fuentes propias o de dinero público.

El recurso en sí no parece tener muchos visos de prosperar. El debate es fundamentalmente político –Ipar Euskal Herria cumple con los requisitos prefijados por la ley NOTRe para crear una mancomunidad tipo aglomeración– y nadie duda de que el prefecto ha actuado en todo momento como fiel enviado del Gobierno que es.

Hay que recordar que este partido se juega ahora como contraoferta de París a la petición casi unánime de los actores políticos del norte del Bidasoa de constituir una colectividad territorial propia con competencias en ocho áreas calificadas de estratégicas (entre ellas economía, lengua, educación y colaboración transfronteriza) y que fue rechazada hace tres años. No es concebible, por lo tanto, una anulación a estas alturas por las consecuencias políticas que ello acarrearía.

Lo que sí anticipa son dos cosas: por un lado, la previsible judicialización de la fusión por vía contencioso-administrativa (la etapa del recurso jerárquico es necesaria para ello) y, como consecuencia, un posible retraso del paulatino proceso de puesta en marcha de la mancomunidad, que está prevista se inicie el 1 de enero del próximo año. Por otro, la constitución de una quinta-columna con el objetivo de torpedear el buen funcionamiento y la eficacia del ente, que sería el objetivo último de los detractores.

Si lo consiguen, no hay que olvidar cúal será la pregunta que se harán los ciudadanos ante la nueva institución: ¿para qué queremos jugar en la liga vasca si los partidos son malísimos y no acertamos ni a dar un pase, qué decir de hacer un ensayo?