No nos van a enredar en la discusión sobre si el Tribunal de Cuentas son galgos o podencos, porque ello no resta ni un ápice de gravedad a su sentencia de 87 folios, aparentemente tan bien fundamentados que hasta rebaja el dinero a devolver porque parte de las actuaciones han prescrito. El órgano oficialmente encargado de controlar las cuentas de las instituciones ha determinado que el equipo de Alfonso Alonso y Javier Maroto decidió pagar de más y «sin justificación» a Gonzalo Antón por el alquiler de un local y que durante la negociación se introdujeron «estipulaciones lesivas para las arcas públicas». Llamarlo corrupción o no, que la condena sea penal o administrativa, importa un bledo. Lo que Alonso, Maroto y el PP deben explicar es por qué sacaron casi medio millón de euros de las arcas de la ciudad para dárselas a un empresario. ¿Quién ganaba con ello y si había compensaciones?