Arantxa MANTEROLA
BAIONA

Dos presos se suicidan en la cárcel de la capital labortana

Según ha informado el OIP, dos reclusos se han suicidado en tan solo diez días en la cárcel de Baiona. Letrados y organismos de defensa de derechos denuncian las deficiencias del sistema penitenciario.

Dos presos han puesto fin a sus días en el plazo de diez días en la maison de arrêt de Baiona según ha comunicado el Observatorio Internacional de Prisiones (OIP). El primero se suicidó la semana pasada tras ingerir gran cantidad de medicamentos. Los hechos sucedieron durante la noche del 8 de mayo y, aunque su compañero de celda dio la alerta tras ver lo que ocurría, el preso de 46 años, natural de Roubaix (norte del Estado francés), no fue atendido por los funcionarios. Estos rechazaron intervenir sin la orden de un superior porque pensaban que podría tratarse de una tentativa de evasión.

En el segundo caso, el recluso apareció muerto por ahorcamiento el 18 de mayo. Su compañero de celda dormía por lo que no se percató de nada. El fallecido era preso preventivo y acababan de notificarle la fecha de la audiencia. La Fiscalía de Baiona ha abierto sendas investigaciones sobre los hechos.

En opinión de Delphine Payen-fourment, coordinadora del OIP, estos dramas reflejan las deficiencias del funcionamiento penitenciario, sobre todo por las noches, «porque hay pocos funcionarios y el mínimo problema puede resultar fatal».

Muro de silencio

Censura, asimismo, las carencias a nivel de atención o seguimiento de las patologías psicológicas tras haber sido detectadas.

Por su lado, el presidente del Sindicato de Abogados de Francia, Sébastien Binet, ha criticado duramente el ocultismo existente en el universo carceral: «Deberíamos ser informados pero, sin embargo, chocamos con el silencio de la administración penitenciaria».

El Estado francés ha sido condenado en varias ocasiones en relación a suicidios que han tenido lugar en sus centros penitenciarios. Uno de los más recientes fue el 4 de febrero por un caso de 2008. El Tribunal Europeo de DDHH lo condenó a pagar al reclamante (el padre del fallecido) 20.000 euros por no haber puesto las medidas necesarias para evitarlo a pesar de que las autoridades penitenciarias tenían conocimiento del estado de fragilidad del recluso.