Cuelga la toga Laurence Le Vert, principal ejecutora a nivel judicial de la lucha contra ETA y el independentismo vasco en París en las tres últimas décadas. A finales de junio se jubilará y dejará de acudir a su despacho en el Tribunal de Gran Instancia de París. Desde 1986, fecha de la creación de su sección especial, la 14, ha estado asignada allí, rompiendo así todos los récords de permanencia y hasta burlando alguna ley, como la de 2003, que fija en diez los años que un funcionario debería pasar como máximo ejerciendo una misma función.

Esta magistrada nacida un 19 de febrero de 1951 en el seno de una familia rica en Neully-sur-Seine, lugar de residencia de la alta burguesía parisina, y que está casada con un banquero inglés llamado Crosthwaite con quien tiene dos hijos, llegó al tribunal especial de la mano de Alain Marsaud, hombre cercano al ministro del Interior de la época, Charles Pascua (RPR). Nada más acceder a su cargo, se prestó a encargarse de lo que en los círculos parisinos se denomina «l’affaire basque».

Puede que su ideología de derechas –es miembro de la muy conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, además de teniente-alcalde, desde 2008, de Les Républicains en la localidad normanda de Lyons-la-Forêt– actuara como acicate para ello en una época donde la represión contra los refugiados vascos era tarea «espinosa».

Llegó en un momento crucial. Su designación coincide precisamente con el fin de la actividad de los GAL y el inicio de la lucha conjunta contra ETA entre los gobiernos español y francés, rubricada en 1987 con la firma del primer acuerdo de colaboración entre ambos estados. Su carrera judicial tuvo un ligero percance cuando, en 1988, el PS ganó las elecciones legislativas y la nueva responsable de Justicia ordenó remodelar la sección. Le Vert quedó relegada a la función menor de juez instructora.

Sin embargo, no mostró por ello menos ahínco. Al contrario de lo que se estila en Madrid con los jueces de la Audiencia Nacional, expuestos constantemente a los medios de comunicación y siempre en busca de notoriedad pública, esta juez ha rehuido el foco, hasta el punto de que, en su dilatada trayectoria represiva, no ha ofrecido ni una entrevista y solo en contadas ocasiones se ha dejado ver en Euskal Herria.

Su mito lo ha forjado envuelto en ese secretismo. Se ha volcado en cuerpo y alma en su función –tiene fama de ser la primera en llegar y la última en salir de su despacho– y ha realizado un seguimiento muy personalizado de las decenas de dossieres que ha instruido –se dice que ha redactado personalmente todos ellos a sus sucesivas secretarias– gracias a su «memoria de elefante». Es la única juez que cuenta con protección policial reforzada en todo el Estado.

Según «fuentes antiterroristas» españolas, sus últimos días en el cargo los habría dedicado a preparar la entrega a las autoridades españolas de los documentos y efectos incautados a la organización en su trayectoria.

Siempre se ha opuesto a una solución negociada. De hecho, fuentes conocedoras del proceso negociador de 2006 entre ETA y el Gobierno español afirman que hizo caso omiso de la petición de Rodríguez Zapatero de aflojar la presión contra ETA. Recordemos que la Policía francesa detuvo en pleno proceso negociador a un interlocutor de la organización armada. Tampoco perdió la ocasión para defender su doctrina securócrata ante el Senado en su reciente comparecencia ante la comisión de seguimiento del Estado de Emergencia en vigor desde los atentados islamistas de noviembre en París. Se congratuló de que el PS se aviniera al fin a reforzar el arsenal antiterrorista.

Su última operación de envergadura, adhiriéndose así a la doctrina de «todo es ETA», fue la realizada contra Batasuna en 2008. Sin embargo, las más importantes han sido las dirigidas contra las direcciones de ETA, como la de 2004 –la detención de Mikel Albisu y Maixol Iparragirre– o la de Bidarte en 1992.