Un estudio elaborado por la Plataforma No a la Minas en Bal d’Onsella y la Sierra de Erreniega deja en evidencia que la empresa promotora del proyecto minero Muga entre Iruñerria y la Chacetania (Aragón) está inmersa en una operación de especulación bursátil.

Geoalcali S.L., la promotora de la mina, está formada por solo tres accionistas y tiene un capital social de 3.000 euros, el mínimo exigido por la ley. La empresa está vinculada a una matriz llamada Geotrex S.L., que tiene los mismos accionistas y un domicilio social en Salamanca. El accionariado y la sede se repiten en otras empresas como Prehenita S.L., Jarosita S.L., Copper Santiago Mining S.L., Barrosa Gold S.L., Jawaf Entreprises S.L., Saloro S.L. u Orillum S.L., según recoge el estudio

«Estas empresas, hoy en día la mayoría de ellas extinguidas, tienen vinculaciones con la minería y todas tienen una trayectoria similar. Las empresas nacen en la misma dirección de una céntrica calle de Salamanca, logran hacerse con derechos mineros que fueron originalmente reservas del Estado o donde una empresa minera, tras evaluar el recurso, decide renunciar a la explotación», explica el informe del organismo medioambiental.

Beneficios en Bolsa

Tras hacerse con los derechos –para lo que se necesita básicamente una sociedad limitada de 3.000 euros y un informe firmado por un ingeniero de minas–, estas empresas acuden a la Bolsa para recabar fondos al abrigo de unos nuevos estudios que acreditan que los yacimientos que otros abandonaron son ahora rentables.

Tras inflarse la cotización de manera espectacular, los propietarios de la empresa recogen beneficios y abandonan el proyecto. De hecho, la mayoría de las minas que tanto prometían están clausuradas.

El informe de la plataforma recoge que solo una de estas minas, la de Barruecopardo, en Salamanca, tiene un proyecto que sigue vivo. Se vendieron los derechos en 2015 al fondo de inversiones Oaktree, que es el propietario de Panrico, por unos 90,4 millones. Sin embargo, de Barruecopardo no se ha sacado ni un kilo de wolframio desde 1985. Oaktree incluso tuvo que solicitar una nueva declaración de impacto ambiental porque la anterior había caducado. Y todo ello con un proyecto que prometía puestos de trabajo e inversiones para una localidad de 500 habitantes para regocijo del alcalde cuando se abriera la mima en 2011. Sigue cerrada.

Una situación similar se vive con la empresa Jarositas S.L., también propiedad de los mismos accionistas y que fue creada en junio de 2015 para intentar resucitar las minas que en su momento extrajeron este mineral en Murcia.

La plataforma que se opone al proyecto minero Muga alerta de que «estamos ante un entramado societario» formado por los mismos accionistas que intentan resucitar minas abandonadas a través de los derechos de explotación con el único objetivo de practicar la especulación bursátil y obtener un beneficio rápido. Posteriormente, abandonan el proyecto y nada más se sabe de ellos, dejando a las autoridades locales a las que habían realizado promesas de desarrollo espectacular con un palmo de narices.

En el caso de Nafarroa y Aragón, la empresa utilizada para estos menesteres es Geoalcali, en la que aparecen los mismos accionistas que en otras empresas vinculadas a Geotrex. Uno de ellos, Pedro Rodríguez, ha vendido incluso su participación en la matriz australiana Highfield Resources.

Además, la plataforma recuerda que Geoalcali ha donado más de 100.000 euros a ayuntamientos de los que espera obtener licencias como Zangoza, Undués de Lerda, Sos d’o Rei Catolico, Urriés o Castiliscar.