La Fiscalía de Bizkaia solicita penas de hasta once años de prisión, además de la restitución de todo el dinero público desviado, para Rafael Cerdán, viceconsejero de Sanidad en los tiempos de Gabriel Inclán, y para el director territorial de Bizkaia, José Ramón Elorriaga, acusados ambos de saltarse de manera flagrante la legalidad para beneficiar a dos empresas privadas del que era jefe de Calidad del hospital de Cruces, el doctor José Carlos Margüello, y que figuraban a nombre de una testaferro, María Nieves Fernández.

El quebranto económico para el Gobierno de Lakua se estima en 6,8 millones de euros. Según informó ayer “Eldiarionorte.es”, la Fiscalía entiende que los hechos son constitutivos de delitos de «prevaricación en concurso medial con malversación», «fraudes ilegales contra la Administración» y «negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos». Las compañías recibieron a dedo dos contratos de más de 1,9 y 4,8 millones.